Decenas de cubanos con antecedentes penales están siendo deportados desde Estados Unidos hacia México, donde enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad, sin vivienda, trabajo ni documentos que acrediten su identidad. Algunos duermen en las calles o sobreviven gracias a la ayuda de iglesias y organizaciones humanitarias locales.

La medida, impulsada por la administración estadounidense, busca ampliar las deportaciones a terceros países, una práctica que ha generado fuerte preocupación entre defensores de derechos humanos. Aunque Cuba acepta algunos vuelos de deportación, suele rechazar el retorno de ciudadanos con condenas graves, dejando a muchos en un limbo legal: sin poder regresar a la isla ni permanecer en territorio estadounidense.

Según reportes del Miami Herald, México se ha convertido en un destino forzoso para cientos de migrantes, incluidos numerosos cubanos que residieron durante años en EE. UU. Muchos fueron dejados en la frontera sur del país, cerca de Guatemala, sin documentación ni recursos, obligados a desplazarse por zonas dominadas por el crimen organizado.

El albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo, ubicado en Villahermosa, Tabasco, ha recibido a casi 350 cubanos desde comienzos de año. Su portavoz, Josué Martínez Leal, describió la situación como “un nuevo desafío humanitario”, señalando que los deportados “llegan enfermos, desorientados y sin ningún tipo de apoyo del gobierno mexicano”.

Entre los testimonios más dramáticos está el de Manuel Lázaro Suárez Pérez, quien llegó a EE. UU. durante el éxodo del Mariel en 1980. Tras cumplir una condena, firmó documentos que creyó lo llevarían a San Diego, pero fue trasladado en avión a la frontera sur y posteriormente abandonado en Tabasco. “Pasé cuatro días sin comer, sin dinero, sin saber dónde estaba. Terminé durmiendo en la calle”, relató.

Los deportados incluyen personas con condenas por delitos graves como tráfico de drogas, violencia doméstica o robo, pero también casos en los que no hubo sentencia firme. Abogados de inmigración advierten que esta política coloca a los migrantes en riesgo de ser secuestrados o reclutados por grupos criminales, además de violar principios básicos del derecho internacional.

Funcionarios estadounidenses han defendido la medida argumentando que “los extranjeros ilegales delincuentes no pueden permanecer indefinidamente en Estados Unidos”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que el traslado de cubanos a México o incluso a países africanos —como Esuatini o Ghana— carece de base legal y agrava la crisis humanitaria.

En Villahermosa, la mayoría de los cubanos deportados carece de medios para comunicarse con sus familias en EE. UU. o en la isla. Viven del apoyo de parroquias y voluntarios que les proporcionan alimentos y medicinas. “No somos criminales peligrosos; solo queremos una oportunidad para empezar de nuevo”, afirmó uno de ellos.

(Con información de El Imparcial)

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