El ciudadano cubano Julio César Duque de Estrada Ferrer de 56 años fue condenado a cuatro años y medio de prisión por grabar con su celular una cola para comprar gas licuado en Santiago de Cuba.

La sentencia, dictada por el Tribunal Municipal Popular de esa ciudad, lo declara culpable de los presuntos delitos de desobediencia y atentado, en un proceso que ha sido fuertemente cuestionado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Los hechos ocurrieron el 5 de septiembre de 2024, cuando Duque de Estrada registraba con su teléfono una larga fila de ciudadanos esperando por gas doméstico, reflejo de la crisis energética que atraviesa la Isla.

Según la versión oficial, fue interceptado por el oficial de la contrainteligencia Mario Raciel Soulary Garcés, quien se identificó como militar y le ordenó detener la grabación y entregar su documento de identidad. La sentencia señala que Duque de Estrada se negó, insultó al agente y lo agredió físicamente, versión que ha sido ampliamente rechazada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

El OCDH, con sede en Madrid, calificó el juicio como una “farsa judicial”, y denunció que el proceso estuvo plagado de violaciones legales y derechos fundamentales. En su informe, afirman que el actuar del agente fue ilegal y desproporcionado, y que su intervención no tenía respaldo jurídico, ya que filmar en un espacio público no constituye delito.

“Filmar una cola para comprar gas no amenaza la seguridad nacional”, subrayó el Observatorio. Además, acusaron al régimen cubano de utilizar a los agentes de seguridad para reprimir a ciudadanos comunes y luego presentarlos como agresores. En este caso, destacan que la actuación del militar excedió sus funciones y violó derechos como la libertad de expresión y de información, protegidos por tratados internacionales que Cuba ha firmado.

Duque de Estrada permanece detenido en la prisión de Aguadores, mientras su familia y el OCDH exigen su liberación inmediata. Su hijo, Dairon Duque Estrada Aguilera, también fue encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), lo que sugiere un patrón de vigilancia y persecución política.

Este caso pone en evidencia el uso del sistema judicial en Cuba como herramienta de represión y censura, donde incluso documentar la realidad social puede convertirse en motivo de encarcelamiento.

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