El cubano Juan Carlos Martínez y su hijo Juan Pablo están viviendo el día de los padres separados porque el joven se encuentra en una prisión del régimen condenado a 11 años de cárcel por unirse a las manifestaciones antigubernamentales acontecidas en Cuba el pasado 11 de julio.

El activista cubano Marcel Valdés se hizo eco de la denuncia y aseguró que se trata de “dos hombres humildes y trabajadores, ambos albañiles”.

“Hoy Juan Pablo se encuentra condenado a 11 años de prisión por salir a pedir un cambio ese día 11 de Julio, hoy ese padre está viviendo el peor día de los padres de su vida porque una dictadura le arrebató a su hijo por alzar su voz a favor de la Libertad de su país”, aseguró Valdés.

El activista aconsejó al cubano sentirse “orgulloso del hijo que tiene” y tener “fe que hombres como su hijo merecen vivir en Libertad plena y absoluta”.

De acuerdo con las actualizaciones de la ONG Prisoners Defenders, desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022 la dictadura cubana mantenía un total de 1.236 prisioneros políticos en Cuba.

La ONG denunció que todos ellos son torturados, hecho que pudo ser corroborado a partir del estudio científico y pormenorizado de más de cien casos y basado en 15 tipos de tortura sometido al Comité contra de Tortura de las Naciones Unidas, Comité que ha enfrentado con exigencia y fuertes reproches el diálogo con Cuba, como pudimos ver en el vídeo público de las sesiones, y que ha materializado en un informe gravísimo sobre la situación de la tortura en dicho país.

“En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 31 de mayo de 2022, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.046 prisioneros sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso”, dijo la organización.

El régimen cubano después de las protestas ejecutó una masiva detención de más de 5.000 personas en los eventos del 11J en Cuba, en apenas 3 ó 4 semanas.

La dictadura, como ya ha sido denunciado por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y por su vicepresidente Sébastien Touzé, tiene en 2022 once mil condenados sin delito, con penas de 1 a 4 años, por “por la conducta que se observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal hasta ahora vigente).

Le llaman peligrosidad social pre-delictiva, una temible arma de represión temprana masiva, porque afecta a los jóvenes.

De los encarcelados por las protestas, solo han tenido “abogados” dependientes del Gobierno, de acuerdo con la denuncia el WGAD de las Naciones Unidas en los Dictámenes 63/2019 y 63/2021, y también el Documento de Observaciones Finales del Comité Contra la Tortura en su Examen Periódico sobre Cuba el 13 de mayo de 2022).

Y es que, en la Isla, no existe en Cuba la abogacía independiente, de ahí que ejercerla se considera ilegal. 

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