El acceso al gas licuado en Cuba se ha convertido en un problema cada vez más crítico, reflejando no solo la escasez del recurso, sino también el descontrol en su distribución y el auge del mercado negro. Recientes inspecciones realizadas por la Empresa de Gas Licuado en La Habana han evidenciado irregularidades en varios puntos de venta, donde se detectaron apropiaciones ilegales de cilindros y fallas en el control de la numeración de los mismos.

Entre las deficiencias encontradas destacan la apropiación de cuatro cilindros de gas en el Punto de Venta 15023 en Playa y en el Punto de Venta 16002 en 10 de Octubre. En el Punto de Venta 10010, en Micro 10, Habana del Este, se hallaron inconsistencias en la numeración de los cilindros, lo que evidencia una falta de control que facilita la corrupción y la venta ilegal. Ante estos hechos, se han impuesto medidas disciplinarias y organizativas, aunque sin soluciones estructurales que garanticen un suministro estable y justo.

El verdadero problema radica en que la población cubana depende cada vez más del gas licuado para cocinar, dado que los continuos apagones y la inestabilidad del sistema eléctrico han hecho inviable el uso de cocinas eléctricas. Sin un suministro adecuado de gas, miles de familias quedan en una situación desesperada, recurriendo al mercado negro como única alternativa para poder preparar sus alimentos.

La crisis energética y la ineficacia en la gestión del gas han creado un escenario propicio para la especulación y la corrupción. Mientras el gobierno insiste en reforzar los controles y castigar a los trabajadores involucrados en irregularidades, la realidad es que el problema se origina en la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos. La falta de transparencia en la distribución, las largas colas y la imposibilidad de comprar cilindros con regularidad han convertido este recurso en un bien de lujo, accesible solo para quienes pueden pagar precios exorbitantes en el mercado informal.

Las recientes denuncias sobre el desvío de cilindros y las irregularidades en los puntos de venta confirman que la escasez ha sido el principal motor de estas prácticas ilegales. Sin un cambio en la política de distribución y sin medidas que garanticen el acceso equitativo al gas licuado, la población cubana seguirá enfrentando una crisis que afecta directamente su calidad de vida.

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