La noche del 1 de julio, un grupo de personas lanzó piedras y objetos contundentes contra la vivienda de la Gobernadora de Matanzas Marieta Caridad Poey, en un acto de protesta que refleja el creciente malestar social en la provincia.

La indignación fue motivada por extensos cortes eléctricos que han afectado a la población durante más de 24 horas consecutivas, y en algunos municipios del interior, los apagones han superado las 30 y hasta 35 horas. La situación ha puesto en tensión a toda la provincia, que, según datos recogidos, asume el 25% del déficit energético nacional, en gran parte por el elevado consumo de zonas como Varadero y La Habana.

Las protestas no son un hecho aislado. El día anterior, se reportó una manifestación espontánea en la calle Álvarez. Según fuentes locales, los disturbios contra la residencia de la gobernadora llevaron a que se activaran grupos electrógenos de emergencia con combustible reservado, lo que permitió restablecer el servicio eléctrico durante la noche en toda la ciudad de Matanzas. Al cierre del día, las autoridades iniciaron operativos para identificar a los presuntos cabecillas de la acción.

La provincia atraviesa una situación crítica en varios frentes. A la crisis energética se suman prolongadas interrupciones del servicio de agua, escasez de alimentos, deterioro de infraestructuras y colapso del transporte público. Vecinos denuncian que la falta de refrigeración arruina los escasos productos que logran adquirir a precios elevados. "El descontento es generalizado y crece con rapidez", afirman fuentes desde la ciudad.

En este contexto, se han hecho frecuentes las acusaciones de corrupción contra dirigentes provinciales. Entre ellas, señalamientos al Primer Secretario del Partido en Matanzas, a quien se le vincula con empresas privadas, negocios con extranjeros y una presunta vida de lujos. Se recuerda el incidente del 11 de julio de 2021, cuando fue golpeado en el parque central durante una protesta.

"La tensión ha llevado a que muchas personas hablen abiertamente de una posible explosión social en los próximos días", especialmente al acercarse el aniversario del 11 de julio.

En paralelo, existen informes de varias salas de monitoreo de redes sociales operadas por diferentes instituciones de seguridad del Estado en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellas el Ministerio del Interior, el DTI y el PCC provincial.

Además, se denuncia la muerte reciente de un ciudadano, identificado como Félix Lázaro Reinoso presuntamente bajo custodia, vinculado a investigaciones sobre tráfico ilegal de piezas de automóviles. El caso ha provocado alarma entre los residentes por la gravedad de las acusaciones y la opacidad en el tratamiento del suceso.

Publicación de Jim Karell Almaguer Ortíz

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