La cadena hotelera española Iberostar y la aerolínea estadounidense American Airlines lograron acuerdos judiciales en Estados Unidos relacionados con demandas presentadas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, norma que permite reclamar compensaciones por propiedades confiscadas en Cuba tras la Revolución de 1959.

En el caso de Iberostar, el acuerdo fue alcanzado el 29 de agosto de 2025 mediante un arreglo confidencial entre las partes, lo que permitió el cierre definitivo del litigio ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.

La demanda había sido presentada por María Dolores Cantó Martí y otros familiares, quienes reclamaban derechos sobre un inmueble confiscado por el Gobierno cubano donde operaba el histórico Hotel Imperial, en Santiago de Cuba.

Según los documentos del caso, el inmueble fue adquirido en 1909 por Fernando Cantó y posteriormente convertido en un hotel que incluía restaurante, bar y otros negocios comerciales. Tras la confiscación de la propiedad en 1961, la familia sostuvo que Iberostar obtuvo beneficios económicos al explotar el establecimiento bajo acuerdos firmados con el Gobierno cubano desde 2016.

Los demandantes también cuestionaron el uso comercial del nombre “Don Fernando Lobby Bar”, al considerarlo una referencia directa a uno de sus antepasados.

Inicialmente, Iberostar había solicitado la desestimación del caso alegando falta de jurisdicción de los tribunales estadounidenses sobre una empresa radicada en España.

Por otra parte, American Airlines alcanzó un acuerdo similar en febrero de 2026 con José Ramón López-Regueiro, heredero de José López Vilaboy, antiguo propietario del aeropuerto de Rancho Boyeros, actualmente Aeropuerto Internacional José Martí.

El demandante reclamaba una compensación económica por el uso del aeropuerto por parte de la aerolínea estadounidense, que opera vuelos regulares entre Cuba y Estados Unidos. El acuerdo contempló el desistimiento conjunto del litigio una vez realizado el pago pactado entre las partes.

Desde que la administración de Donald Trump activó en 2019 el Título III de la Ley Helms-Burton, se han presentado decenas de demandas relacionadas con propiedades nacionalizadas en Cuba.

Entre los casos aún en análisis por tribunales estadounidenses figuran reclamaciones contra compañías de cruceros como Carnival Cruise Line, Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises por operaciones en puertos cubanos confiscados, así como una demanda presentada por ExxonMobil contra entidades vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA.

Estos acuerdos coinciden además con nuevas sanciones impuestas por Washington contra empresas y entidades asociadas al aparato económico militar cubano, incluyendo medidas relacionadas con Moa Nickel S.A. y restricciones financieras dirigidas a compañías vinculadas a GAESA.

En paralelo, la empresa canadiense Sherritt International anunció recientemente la suspensión de operaciones en Cuba, mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estableció junio de 2026 como fecha límite para que empresas extranjeras liquiden operaciones vinculadas al conglomerado militar cubano.

Fuentes: Diario de Cuba

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