El gobierno del presidente Donald Trump planea intensificar de manera significativa los procesos para retirar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, de acuerdo con directrices internas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) obtenidas por The New York Times. La medida marcaría una nueva fase, más agresiva, dentro de la política migratoria de la actual administración.

Según el diario neoyorquino, las instrucciones fueron enviadas esta semana a las oficinas locales del USCIS y establecen como objetivo remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes a la Oficina de Litigios de Inmigración durante el año fiscal 2026. De concretarse, supondría un aumento sin precedentes en este tipo de procesos. Para ponerlo en perspectiva, entre 2017 y 2025 se presentaron poco más de 120 casos en total, según datos del Departamento de Justicia.

La legislación federal permite la desnaturalización solo en circunstancias específicas, principalmente cuando se demuestra que la ciudadanía fue obtenida mediante fraude o mediante la ocultación de información relevante. No obstante, activistas y exfuncionarios citados por The New York Times advierten que una campaña de esta magnitud podría afectar a personas que cometieron errores administrativos menores y generar temor entre millones de ciudadanos naturalizados que cumplen la ley.

Las nuevas directrices se producen en un contexto de endurecimiento general de la política migratoria. Durante este año, la administración Trump ha promovido restricciones al asilo, ha reforzado controles en la frontera sur y ha impuesto prohibiciones de entrada a ciudadanos de varios países, principalmente de África y Medio Oriente. Funcionarios del gobierno sostienen que estas acciones buscan reforzar la seguridad nacional y preservar la integridad del sistema migratorio.

Matthew J. Tragesser, portavoz del USCIS, declaró al New York Times que la agencia dará prioridad a “quienes hayan obtenido ilegalmente la ciudadanía estadounidense”, especialmente en casos vinculados a declaraciones falsas o tergiversaciones durante el proceso de naturalización. “Llevaremos a cabo procedimientos de desnaturalización cuando existan pruebas”, afirmó, subrayando la cooperación con el Departamento de Justicia.

Sin embargo, antiguos funcionarios del propio USCIS han expresado inquietud por la introducción de cuotas numéricas. Sarah Pierce, exfuncionaria de la agencia, advirtió que imponer metas mensuales arbitrarias corre el riesgo de politizar un mecanismo que históricamente ha sido excepcional. A su juicio, convertir la desnaturalización en una herramienta de uso frecuente puede alimentar la incertidumbre entre los cerca de 26 millones de estadounidenses naturalizados que residen en el país.

Desde el sector que promueve políticas migratorias más restrictivas, la iniciativa ha sido defendida. Mark Krikorian, director del Centro de Estudios sobre Inmigración, aseguró al diario que el país aún está lejos de desnaturalizar a un número excesivo de personas y que el enfoque debería centrarse en quienes obtuvieron la ciudadanía de manera indebida.

El Departamento de Justicia ya había anticipado este giro en un memorando emitido meses atrás, en el que anunció que priorizaría casos que involucren fraude grave, vínculos con pandillas o cárteles, delitos financieros y crímenes violentos. No obstante, el proceso sigue siendo complejo: el gobierno debe probar ante un tribunal federal, con evidencias claras, que la ciudadanía fue adquirida ilegalmente.

Fuente: The New York Times

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