A partir de este domingo 10 de agosto de 2025, las autoridades cubanas han anunciado la implementación de un nuevo sistema para el pago de solicitudes de obtención y legalización de certificados de antecedentes penales.

El objetivo declarado es brindar mayor comodidad, seguridad y rapidez a los ciudadanos. Sin embargo, en un país donde gran parte de los servicios públicos sufre fallas constantes, cortes de conexión y problemas de gestión, persisten dudas sobre si este mecanismo podrá funcionar de forma estable y efectiva.

Con el nuevo esquema, el pago ya no se realizará en el momento de la solicitud en línea. En cambio, el solicitante recibirá un correo electrónico con un enlace válido por 72 horas para completar la transacción. Sobre el papel, este cambio promete flexibilidad y la posibilidad de evitar errores, pero la realidad cubana muestra un panorama distinto: conexiones inestables, plataformas colapsadas y servicios digitales que muchas veces quedan inaccesibles durante horas o incluso días.

Según la entidad a cargo, la medida responde al crecimiento de trámites digitales y pretende disminuir la saturación en los momentos de mayor demanda. Aseguran que, de esta manera, se logrará un proceso más controlado, menos apresurado y con mayor seguridad para el usuario. También se menciona la reducción de fallos técnicos y una mejora en la estabilidad de la conexión.

No obstante, experiencias previas con otros sistemas electrónicos en Cuba han demostrado que, aun con buenas intenciones, las dificultades técnicas y la burocracia tienden a imponerse.

En teoría, este modelo podría beneficiar a quienes viven en provincias distantes, evitando desplazamientos innecesarios y brindando un margen adicional para organizar sus gestiones.

Sin embargo, la eficacia real dependerá de que el sistema funcione de manera continua, algo que en el contexto cubano no está garantizado. Fallos en los servidores, problemas de acceso a las pasarelas de pago y demoras en la confirmación de transacciones son obstáculos que, en otros servicios, han sido comunes.

Las autoridades aseguran que los plazos de entrega —entre 7 y 10 días— no se verán afectados y que en algunos casos podrían ser más cortos. Aun así, varios ciudadanos han manifestado inquietudes, especialmente sobre la capacidad de modificar detalles del trámite una vez enviado y sobre qué ocurrirá si el enlace de pago caduca antes de poder ser utilizado.

Mientras el gobierno presenta esta medida como parte de su estrategia para modernizar los servicios y reducir la burocracia, el escepticismo es inevitable. En un entorno donde los cortes eléctricos, la lentitud de internet y las limitaciones tecnológicas son frecuentes, la pregunta sigue abierta: ¿podrá este sistema cumplir sus promesas o se sumará a la larga lista de proyectos digitales en Cuba que comienzan con entusiasmo pero terminan en frustración?

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