En la ciudad de Holguín, Cuba, el reciente caso de Elizabeth González Díaz —una mujer que no tiene casa para ofrecer a sus hijos, pero sí contó con teléfono e internet para subir un video y volverse viral— pone de relieve una combinación alarmante de abuso infantil, desesperación social y represión.

Según el periodista Javier Díaz, quien compartió el análisis en sus perfiles de Facebook e Instagram, el incidente exhibe cómo el sistema que debería proteger termina castigando al más vulnerable.

El video que Elizabeth compartió mostraba indicios de maltrato a menores, y su difusión provocó dos efectos simultáneos: por un lado, atrajo la atención de la opinión pública; por otro, la propia autora quedó arrestada poco después.

Este desenlace plantea preguntas incómodas sobre quién es realmente responsable de la protección de los niños en Cuba, y a qué precio se intenta visibilizar el sufrimiento.

Díaz señala que estamos ante un “paradigma pervertido”: mientras la madre carece de estabilidad económica y vivienda digna, tiene acceso a tecnología y redes sociales para denunciar, pero ello no bastó para asegurar protección más bien lo contrario: se volvió sujeto de sanción.

En su comentario, Díaz apunta que el abuso infantil se multiplica porque “no tiene estrato social que lo detenga”, pero sí encuentra un estrato social que lo oculta o lo penaliza.

Este giro intensifica la sensación de injusticia y desamparo que la comunidad denuncia.

Más allá del caso individual, Díaz subraya que este episodio revela la inoperancia estatal en la protección de la infancia, y cómo los mecanismos de denuncia están supeditados al control político y mediático más que al auxilio efectivo.

Mientras tanto, los menores siguen expuestos y los recursos públicos escasos. La historia de Elizabeth y sus hijos no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema que vulnera primero y castiga después.

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