España ha multiplicado las denegaciones de nacionalidad por residencia en los últimos años. Para los cubanos, que pueden solicitarla tras dos años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, un error en el plazo, la documentación o los requisitos puede terminar en una resolución negativa.

Las solicitudes de nacionalidad española por residencia están recibiendo cada vez más denegaciones. Las cifras citadas por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes muestran que las negativas pasaron de 7.400 en 2023 a 24.910 en 2025.

Para los cubanos, la situación merece especial atención. Los ciudadanos cubanos de origen pueden solicitar la nacionalidad española después de dos años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, en lugar de los diez años exigidos con carácter general.

El principal error es presentar la solicitud antes de haber cumplido completamente esos dos años. No basta con haber vivido en España o estar empadronado: el período debe corresponder a una residencia legal que cumpla las condiciones establecidas por la ley.

También pueden surgir problemas por documentación mal legalizada, antecedentes penales, interrupciones de la residencia o la falta de residencia legal en el momento de presentar el expediente.

Los cubanos, además, están exentos de realizar el examen DELE de español, aunque eso no significa que estén automáticamente exentos del CCSE, la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, salvo que exista una causa legal de exención o dispensa.

Por eso, antes de presentar la solicitud conviene comprobar la fecha exacta en que comenzó la residencia legal, que no haya interrupciones relevantes, la vigencia de la documentación y el cumplimiento de los demás requisitos.

Y si la nacionalidad es denegada, la resolución no necesariamente pone punto final al proceso: dependiendo del caso, pueden existir vías de recurso, entre ellas el recurso potestativo de reposición o la impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Fuente: AS

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