En Cuba, la crisis del sistema de salud ha generado un incremento de servicios odontológicos fuera del circuito oficial, impulsados por la escasez de insumos, apagones frecuentes y la migración de profesionales. Aunque el país mantiene un sistema sanitario público, muchos pacientes recurren a clínicas informales para resolver necesidades básicas como extracciones, prótesis o tratamientos de urgencia.

Los servicios privados de facto funcionan en un terreno gris: se promocionan en redes sociales, son demandados por pacientes y, al mismo tiempo, están sujetos a inspecciones y sanciones, debido a que la actividad privada de médicos y odontólogos no está permitida según el Decreto 107/2024, que regula las actividades no autorizadas para actores económicos no estatales.

El panorama de la estomatología se ha visto especialmente afectado por la falta de electricidad estable y la carencia de insumos básicos como anestesia, guantes, resinas y equipos de esterilización. Esta situación ha derivado en listas de espera prolongadas, interrupciones en tratamientos y derivaciones informales fuera del sistema estatal.

El Código Penal cubano (Ley 151/2022) establece sanciones para quienes ejerzan profesiones sin habilitación legal, lo que incluye la práctica odontológica en espacios no autorizados, con penas que van desde multas hasta privación de libertad.

Los precios de los servicios informales varían según la complejidad y los insumos disponibles. Algunos tratamientos básicos se ofrecen por alrededor de 25 USD, mientras que los servicios orientados a turistas o clientes en divisas pueden superar los 700 USD por procedimientos de alta complejidad, como implantes dentales.

La proliferación de estas prácticas refleja tanto la demanda existente como las limitaciones del sistema público, generando un escenario de desigualdad: quienes pueden pagar en dólares acceden a tratamientos más rápidos y completos, mientras que el resto depende de la capacidad del servicio estatal, que enfrenta restricciones materiales y de personal.

En este contexto, la estomatología informal se consolida como una alternativa frente a la insuficiencia del sistema oficial, aunque continúa operando en la ilegalidad y bajo riesgo sanitario y legal.

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