Un reportaje reciente de The Associated Press reveló cómo, bajo las nuevas directrices del gobierno del presidente Donald Trump, los tribunales de inmigración en Estados Unidos se han convertido en puntos de detención inesperada para migrantes que asisten a audiencias que creían rutinarias. Lo que muchos consideran un trámite obligatorio termina, en ocasiones, transformándose en una vía rápida hacia la deportación.

En uno de los casos documentados, un migrante cubano llegó a una audiencia acompañado de su esposa —residente legal— y su bebé de siete meses. Al entrar, la abogada del gobierno presentó de inmediato una moción para desestimar su solicitud de asilo, lo que lo dejó expuesto a una deportación expedita. Al salir de la sala, agentes de ICE vestidos de civil lo interceptaron tras haberlo vigilado en silencio desde los pasillos. El forcejeo y los gritos de su esposa se escucharon mientras la abogada continuaba con el siguiente expediente.

Este tipo de detenciones coordinadas se repite en distintos tribunales del país como parte de la estrategia de endurecimiento migratorio del actual gobierno. Según AP, la abogada del caso mantenía comunicación constante por mensaje de texto con un agente de ICE que aguardaba en el pasillo, anticipando el arresto. “No puedo con esto”, escribió ella; “Lo entiendo”, respondió el agente.

La implementación de tácticas más agresivas ha generado preocupación incluso entre funcionarios del propio sistema. Un abogado del gobierno, que buscó orientación profesional, expresó su inquietud ante lo que consideraba una aplicación mecánica y punitiva de la ley: “Mi deber es proteger el interés público, no asegurar deportaciones por defecto”.

Durante meses, periodistas de AP observaron audiencias en 21 ciudades. Documentaron cómo, en numerosas ocasiones, los fiscales solicitaban la desestimación de casos para permitir a ICE arrestar de inmediato a los solicitantes. Capturas de mensajes internos muestran que estas operaciones se planifican con antelación mediante hojas de cálculo, donde se señala qué migrantes podrían ser detenidos tras una decisión adversa en sala.

La situación se produce en un sistema judicial con un retraso récord de más de 3,8 millones de casos. Organizaciones de jueces y expertos legales denuncian que el debido proceso ha quedado comprometido. Ashley Tabaddor, exjueza de inmigración, advirtió que muchos tribunales funcionan ahora como “líneas de ensamblaje”, contrarias a los principios básicos de justicia e imparcialidad.

Las reformas también han incluido la destitución de casi 90 jueces considerados “demasiado indulgentes”, el uso de agentes encapuchados para esposar a solicitantes de asilo en audiencias cerradas y memorandos que exigen a los magistrados seguir estrictamente las directrices del Ejecutivo.

Pese a que la narrativa oficial asegura que los esfuerzos se centran en individuos peligrosos, un análisis del Cato Institute basado en datos de ICE indica lo contrario: la mayoría de los arrestados no tiene antecedentes penales y muchos llegaron solos al país, sin apoyo legal.

Mientras tanto, la opinión pública muestra señales de desgaste. Según una encuesta reciente de AP-NORC, el 57% de los adultos desaprueba la gestión migratoria del presidente Trump durante su segundo mandato.

Entre testimonios de funcionarios anónimos, detenciones en pasillos y audiencias convertidas en disparadores de arrestos inmediatos, el panorama actual plantea una pregunta creciente: ¿están los tribunales de inmigración cumpliendo su misión de impartir justicia o sirviendo como herramienta directa de deportación?

(Con información de AP)

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