Julio César Duque de Estrada Ferrer, un ciudadano cubano de 55 años sin antecedentes penales, podría pasar cinco años y medio en prisión por grabar una cola para comprar gas licuado en Santiago de Cuba.

El hecho, ocurrido el 5 de septiembre de 2024, despierta la indignación de organizaciones defensoras de derechos humanos como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que denuncia un uso desproporcionado del sistema judicial para silenciar la documentación ciudadana.

Según el OCDH, Duque de Estrada fue detenido de forma violenta por un oficial de la contrainteligencia mientras filmaba con su celular una escena que representa la cotidianidad de millones de cubanos: largas colas en medio de una crisis económica crónica.

La Fiscalía, sin embargo, lo acusa de desobediencia, resistencia y atentado, alegando que se negó a detener la grabación y que agredió al agente. La suma de estas acusaciones resulta en una condena solicitada de cinco años y seis meses de cárcel, además de la suspensión de sus derechos civiles y la prohibición de salir del país.

"Lo que debía ser un acto legítimo de documentación se ha convertido en una pesadilla represiva. El Estado castiga a quienes visibilizan el colapso social que prefiere ocultar," denuncia el OCDH.

La organización insiste en que Duque de Estrada no pertenece a ningún movimiento político, pero sí es padre de uno de los jóvenes encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021, lo cual podría haber influido en la severidad del trato que recibe.

Este caso no es un hecho aislado. En Cuba, grabar una escena pública, sobre todo si muestra la crisis o la represión, puede interpretarse como un acto de desafío al poder. Las autoridades temen la imagen, la evidencia y la verdad grabada que luego puede recorrer el mundo. "No se trata de un delito: se trata de un castigo ejemplar para sembrar el miedo," apuntan activistas.

Julio César representa a los miles de cubanos que, sin alzar la voz con violencia, intentan mostrar lo que el gobierno calla. Su situación confirma que, en Cuba, una cámara puede ser más peligrosa que una consigna y que, en plena era digital, el régimen sigue temiendo al testimonio como si fuera una amenaza a su supervivencia.

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