Un tribunal de Matanzas celebró recientemente un juicio oral y público contra dos jóvenes acusados de tráfico de drogas, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa la creciente preocupación social por el consumo de sustancias sintéticas entre los jóvenes en Cuba. Al mismo tiempo, el proceso refleja el modo en que las autoridades continúan utilizando la justicia penal como herramienta de escarmiento más que como espacio de rehabilitación y justicia equilibrada.

La Fiscalía solicitó penas de 9 y 8 años de prisión para los acusados, identificados como YGR (22 años, residente en La Habana) y AVU, conocido como “El Abuelito” (24 años, de Cárdenas), respectivamente. Según la acusación, YGR adquiría cannabinoides sintéticos —popularmente llamados “Químico”— los preparaba en forma de cigarrillos y los vendía a AVU, quien luego los revendía a consumidores locales.

La detención se produjo en el punto de control de Bacunayagua, tras un operativo conjunto con la Sección Antidrogas de Matanzas. A YGR se le incautaron más de 10 gramos de la sustancia, cantidad suficiente —según los peritos— para producir más de 1.000 dosis. El fiscal subrayó durante el juicio el daño severo que este tipo de drogas causa, especialmente entre adolescentes y jóvenes, destacando su carácter adictivo y los efectos nocivos sobre la salud mental y física.

En un país donde las oportunidades para la juventud se ven cada vez más reducidas, el auge de estas sustancias representa una amenaza seria para la estabilidad social y el futuro de las nuevas generaciones. En ese sentido, no se puede subestimar el peligro que representa este tipo de tráfico ni minimizar el impacto que tiene en las comunidades.

Sin embargo, el caso también despierta interrogantes sobre la manera en que el sistema judicial cubano trata estos delitos. El uso de juicios públicos con carácter ejemplarizante, más que fomentar la reflexión y la prevención, tiende a instalar el miedo como mecanismo de control. La política de “tolerancia cero” del Estado —aunque comprensible en contextos graves— corre el riesgo de enfocarse únicamente en la punición, dejando de lado la urgencia de programas efectivos de educación, salud pública y reintegración social.

La sentencia será anunciada el 17 de julio, y los acusados podrán presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular si lo consideran pertinente. Mientras tanto, el caso evidencia una doble necesidad: aplicar la ley con firmeza frente a delitos que destruyen vidas, y al mismo tiempo garantizar que el sistema judicial no se convierta en una herramienta más de control político.

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