Una reciente solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha generado tensiones entre varios países del Caribe y América Latina, al poner bajo escrutinio los acuerdos bilaterales relacionados con las brigadas médicas cubanas desplegadas en el extranjero.

Según informó The Associated Press, la CIDH envió una carta a los gobiernos que integran la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que solicita información detallada sobre los convenios firmados con Cuba para la recepción de personal sanitario. La comisión pide, entre otros datos, aclaraciones sobre las condiciones laborales, derechos sindicales y posibles denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los médicos cubanos que prestan servicios en estos países.

La petición ha causado malestar en algunas naciones que dependen fuertemente del personal médico enviado desde La Habana, especialmente en el Caribe, donde estas brigadas suelen suplir deficiencias en los sistemas de salud locales. Cuba asegura tener actualmente más de 22.000 médicos trabajando en más de 50 países, aunque no ha ofrecido un desglose regional específico.

Francesca Emanuele, experta del Centro de Investigación Económica y Política en Washington, calificó la medida de “inédita” y “alarmante”, al considerar que la solicitud de la CIDH invade la soberanía de los países involucrados y se alinea con una agenda política impulsada por Estados Unidos.

La CIDH, aunque opera de forma autónoma, recibe buena parte de su financiación de Washington. En su mensaje, la entidad indicó que evaluará los datos recibidos para emitir recomendaciones, dado el flujo constante de reportes sobre posibles abusos en estas misiones. No obstante, un vocero de la comisión se abstuvo de comentar públicamente, citando que el contenido de la carta es confidencial.

El contexto de esta acción coincide con las sanciones migratorias anunciadas en febrero por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien impuso restricciones de visa a funcionarios que participan en las misiones médicas cubanas. Rubio describió este programa como una forma de "trabajo forzoso" orquestado por el régimen de La Habana.

Varios líderes del Caribe han reaccionado con preocupación. Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, dijo que espera una posición común de los países miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental, y afirmó que en su nación no existen problemas de derechos humanos relacionados con el personal médico cubano. Gonsalves destacó que estos profesionales gestionan el único centro de hemodiálisis gratuito del país, un servicio vital para más de 60 pacientes, con un costo anual cercano a los cinco millones de dólares.

Por su parte, el canciller de Guyana, Hugh Todd, indicó que su gobierno trabaja en cambios al modelo de contratación de los médicos cubanos para alinearlo con las normas internacionales del trabajo, aunque evitó vincular esta decisión con las recientes presiones estadounidenses.

Algunos mandatarios han sido contundentes en su respaldo a la cooperación médica cubana. Mia Mottley, primera ministra de Barbados, y Keith Rowley, de Trinidad y Tobago, defendieron la continuidad de estos convenios, incluso si eso implica asumir consecuencias diplomáticas como restricciones de visa por parte de Estados Unidos.

Fuente: AP

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