Manzanillo, en la provincia de Granma, vivió este sábado una nueva jornada de tensión social tras dos días consecutivos de protestas vecinales motivadas por los prolongados apagones y las crecientes denuncias de corrupción dentro de la Unión Eléctrica (UNE) del municipio. La información fue divulgada inicialmente por la página de Facebook La Tijera News, que ha seguido de cerca la situación.

Según el medio, en horas de la tarde se produjo un fuerte enfrentamiento entre residentes del barrio La Colonia, en la Calle Martí —bajada del Hospital Materno Fe del Valle— y altos funcionarios de la UNE. Entre ellos se encontraban la directora municipal de la empresa, el jefe de Operaciones y el jefe de Inspectores, quienes adoptaron una postura desafiante ante los reclamos y abandonaron el lugar sin ofrecer respuestas a la comunidad.

Las protestas, lejos de ser espontáneas, son el resultado de semanas de malestar acumulado. Vecinos denunciaron que los apagones que sufre la población no se deben a fallas técnicas inevitables, sino a una red de negocios privados ilegales que funcionan gracias a sobornos pagados a directivos, linieros e inspectores de la UNE. Entre estos negocios mencionaron panaderías clandestinas, talleres de soldadura y centros de refrigeración para embutidos y productos cárnicos.

Mientras los hogares permanecen en apagones interminables, estas actividades privadas reciben electricidad sin interrupciones —según denuncian los pobladores— gracias al pago de sobornos. El Grupo de Inspección de la UNE, encargado de supervisar el consumo eléctrico y detectar irregularidades, es señalado por los vecinos como un departamento plagado de tráfico de influencias y tolerancia a las ilegalidades.

Uno de los ejemplos más comentados es el de la discoteca SKY, que presuntamente mantiene una conexión permanente a un circuito priorizado no apagable, a cambio de pagos que superarían los 100 mil pesos. Esto permite que el centro recreativo ofrezca servicios nocturnos mientras el resto de la comunidad permanece en completa oscuridad.

La crisis energética en el municipio ha tenido consecuencias severas. Los vecinos aseguran llevar más de 20 días en esta situación, con alimentos echándose a perder por falta de refrigeración y un aumento de casos de chikungunya. Familias con personas encamadas han denunciado el trato indolente de las autoridades locales, mientras que los linieros continúan haciendo conexiones ilegales “a plena luz del día”, de acuerdo con los testimonios recogidos por La Tijera News.

Entre las funcionarias señaladas se encuentra una mujer que, según los vecinos, intentó evitar ser grabada mientras era increpada por los residentes. La describen con una blusa rosada, uñas acrílicas de alto costo y un comportamiento evasivo ante los cuestionamientos.

El descontento acumulado llevó a las autoridades locales a responder este sábado con un fuerte operativo policial destinado —según los habitantes— a intimidar y evitar que las protestas vuelvan a crecer. Para muchos, se trata de una reacción típica del régimen: reprimir el malestar ciudadano en lugar de atender las causas reales, que incluyen apagones interminables, corrupción institucionalizada y una absoluta falta de transparencia.

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