El reconocido cineasta cubano Enrique “Kiki” Álvarez denunció este 16 de octubre que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) dio por terminada su relación laboral sin aviso previo y bajo una supuesta “renuncia voluntaria” que él nunca presentó. La medida, adoptada el pasado 1 de agosto de 2025, también alcanzó al realizador Esteban Insausti, según reveló el propio Álvarez en una publicación en su perfil de Facebook.

El director de La Ola, Jirafas y Venecia explicó que se enteró del hecho cuando acudió a la oficina de Recursos Humanos del ICAIC para preguntar por el atraso en el pago de sus honorarios. Allí le informaron que su contrato había sido cerrado por orden de la vicepresidenta del Instituto, supuestamente a petición suya. Sin embargo, al revisar su expediente, no encontró ningún documento que respaldara esa supuesta solicitud de baja.

Álvarez calificó la medida como “una ficción administrativa” y la vinculó directamente con su postura crítica hacia la censura institucional y su participación activa en la Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC). A su juicio, la decisión podría estar relacionada con su rechazo a colaborar en una película oficial, su renuncia a recibir una medalla conmemorativa o las denuncias públicas sobre irregularidades en el Fondo de Fomento, situaciones que, dijo, “molestaron” a las autoridades culturales.

El realizador subrayó además que el despido viola el artículo 51 del Código de Trabajo cubano, que obliga a notificar al trabajador con al menos 15 días de antelación.

“¿Será que fue una ‘solicitud propia’ del señor presidente del ICAIC?”, ironizó Álvarez, en alusión al máximo responsable del organismo, designado por decisión gubernamental.

En su mensaje, el cineasta reconoció que su relación con el ICAIC “siempre fue tensa”, marcada por su empeño en transformar la institución en un espacio más abierto al cine independiente y a la libertad creativa.

“El ICAIC se ha ido vaciando de cineastas, como se ha ido vaciando el país de muchos de sus mejores hijos”, afirmó.

Álvarez sostuvo que esta exclusión institucional no lo afecta en lo esencial, ya que la mayor parte de su obra ha sido realizada de forma independiente, sin respaldo del organismo estatal.

La denuncia del realizador se suma a una serie de conflictos recientes entre creadores audiovisuales y las instituciones culturales cubanas, marcados por procesos de censura, silencios administrativos y sanciones encubiertas hacia los artistas que expresan posturas críticas frente al poder.

El caso de Álvarez y Insausti vuelve a poner en evidencia la creciente brecha entre los cineastas cubanos y una estructura institucional que, según los propios creadores, sigue operando con opacidad, favoritismo y control ideológico sobre el arte nacional.

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