Fallece el preso político Gerardo Díaz Alonso, condenado por las protestas del 11J

Redacción de CubitaNOW ~ viernes 18 de octubre de 2024

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La muerte del preso político Gerardo Díaz Alonso a causa de un infarto es un trágico reflejo de la situación crítica que enfrentan los detenidos en las cárceles cubanas. Condenado a 14 años de prisión por su participación en las protestas de julio de 2021, Díaz Alonso, de 35 años y padre de dos hijos, se encontraba en la prisión de alta seguridad de Canaleta en Ciego de Ávila. Su fallecimiento no solo deja un vacío en su familia, sino que también pone en evidencia las condiciones alarmantes dentro del sistema penitenciario del país.

Las organizaciones de derechos humanos, como Cubalex, han documentado extensivamente la represión y los abusos en Cuba. En un informe reciente, se destacó que durante el primer semestre de 2024, 26 personas murieron bajo custodia.

Estas muertes subrayan las denuncias de torturas, tratos crueles e inhumanos y la grave falta de atención médica en las prisiones cubanas. En los últimos dos años, el número de muertos en custodia ha ascendido a 56, lo que evidencia un problema sistémico y generalizado que requiere atención urgente.

Cubalex, en sus estudios, señala que estas muertes no se limitan a una región específica de Cuba, sino que han ocurrido en casi todo el territorio, afectando a individuos de diversos rangos de edad y condiciones sociales.

Esto sugiere un problema estructural en el sistema carcelario cubano, donde las violaciones de derechos humanos son la norma y no la excepción.

La muerte de Gerardo Díaz Alonso se suma a una larga lista de tragedias que manchan el historial de derechos humanos en Cuba. Las condiciones inhumanas en las prisiones, la falta de atención médica adecuada y los abusos sistemáticos son una combinación letal para los presos políticos y otros detenidos.

La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos deben redoblar sus esfuerzos para visibilizar estos abusos y presionar al gobierno cubano para que implemente reformas urgentes y necesarias que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que se encuentran privados de libertad.




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