El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha encendido un intenso debate nacional al proponer la castración química como castigo adicional para agresores sexuales, una medida que despierta tanto respaldo popular como cuestionamientos legales y éticos.

La propuesta surge en un contexto marcado por la indignación social tras la denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de 12 años, que involucra al asambleísta del correísmo Santiago Díaz. A través de su cuenta en la red X, Noboa afirmó: “Los violadores merecen la castración química y pagar con cárcel”, anunciando el envío de una reforma constitucional para implementar la medida.

Desde el oficialismo, el asambleísta Andrés Castillo defendió la propuesta en el programa La Noche de NTN24, señalando que entre agosto de 2014 y mayo de 2025 se han registrado 71.270 delitos sexuales en Ecuador, de los cuales el 22% fueron cometidos contra menores de edad. Castillo aseguró que el sistema penal actual es demasiado garantista con los agresores, lo que permite altas tasas de reincidencia y revictimización.

“Vivimos con un marco jurídico que, en muchos casos, termina protegiendo más al delincuente que a la víctima”, expresó el legislador, justificando la necesidad de medidas más severas para frenar los abusos sexuales.

No obstante, la iniciativa enfrenta obstáculos constitucionales y éticos. El abogado penalista Julio César Cueva advirtió que la castración química, al tratarse de un procedimiento médico, solo podría aplicarse con el consentimiento libre e informado del condenado. “No existe un tratamiento médico en el mundo que pueda aplicarse sin ese consentimiento, y en Ecuador ese principio está protegido por la Constitución”, explicó.

Cueva aclaró que la Corte Constitucional tendría que condicionar cualquier aprobación a la aceptación voluntaria del agresor, lo que podría lograrse si se ofrecen incentivos como la reducción de penas. “Si se le informa adecuadamente y se le da la opción de someterse al procedimiento a cambio de un beneficio legal, algunos podrían aceptarlo”, señaló.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionan la medida, alegando que puede derivar en prácticas inhumanas o degradantes y que responde más a una lógica populista que a una verdadera solución del problema estructural de los abusos sexuales.

La iniciativa de Noboa marca un giro hacia políticas más punitivas en un país golpeado por la inseguridad y el aumento de crímenes violentos, pero su aplicación dependerá de complejas deliberaciones jurídicas, así como de la capacidad del gobierno para demostrar que se trata de una medida eficaz, proporcional y respetuosa de los derechos fundamentales.

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