La Habana se ha convertido en escenario de un nuevo capítulo de tensiones entre autoridades y comerciantes. En los últimos días, los mercados agropecuarios de la capital han sido objeto de inspecciones rigurosas, con multas que alcanzan los 16.000 pesos cubanos (CUP) por la llamada “especulación de precios”. La medida, promovida por la gobernadora Yanet Hernández Pérez, busca reforzar el control estatal sobre una economía golpeada por la inflación y el desabastecimiento.

Las sanciones más impactantes se han registrado en mercados de Plaza de la Revolución, Arroyo Naranjo y otros puntos estratégicos. Por ejemplo, un vendedor en Plaza de la Revolución fue multado con 16.000 CUP por exceder los precios en nueve productos distintos, mientras que otro comerciante pagó 10.000 CUP por vender pimientos a 380 CUP y pepinos a 70 CUP, superando los límites establecidos.

En Arroyo Naranjo, las inspecciones arrojaron multas por 29.000 CUP en total, incluyendo decomisos de productos en casos de especulación.

La resolución de la gobernadora fija precios topados para distintos productos: frijoles en 285 CUP y un saco de carbón a 800 CUP, entre otros. La prensa oficial celebra estas medidas como una forma de garantizar “equidad y transparencia” en el acceso a los alimentos. Sin embargo, las reacciones en redes sociales muestran preocupación y críticas. Muchos cubanos cuestionan si las multas realmente resuelven la raíz del problema o si solo trasladan la tensión a los consumidores.

El economista cubano Pedro Monreal ha señalado que estas políticas, aunque bien intencionadas, no atacan las causas estructurales de la inflación. Según Monreal, los controles de precios tienden a generar escasez, incentivar mercados paralelos y desincentivar la producción nacional. Además, advierte que las sanciones administrativas no reemplazan la necesidad de reformas económicas integrales que fortalezcan el sector productivo y fomenten la inversión.

A pesar de las críticas, las autoridades aseguran que las multas y decomisos buscan proteger a la población más vulnerable y frenar aumentos arbitrarios. La medida se ha aplicado en diversas zonas de la capital, incluyendo Alamar, Diez de Octubre, Guanabacoa y La Lisa, con montos que oscilan entre 2.000 y 16.000 CUP. La pregunta que muchos se hacen es si este control estricto realmente traerá alivio a los consumidores o si solo profundizará la tensión en los mercados habaneros.

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