Un tribunal federal en Texas sentenció este viernes a dos hombres involucrados en una de las tragedias migratorias más impactantes de los últimos años. Felipe Orduna-Torres, de 32 años, y Armando Gonzalez-Ortega, de 53, fueron condenados a cadena perpetua y 87 años de prisión, respectivamente, por su participación en una operación de tráfico de personas que resultó en la muerte de 53 migrantes en junio de 2022.

El fatídico hecho ocurrió cuando los migrantes, originarios de Guatemala, Honduras y México, fueron trasladados desde Laredo a San Antonio en la parte trasera de un tráiler sin ventilación ni aire acondicionado en pleno verano. Durante más de tres horas, los indocumentados soportaron temperaturas extremas, atrapados en un espacio sellado que se convirtió en una trampa mortal. Las víctimas pagaron entre $12,000 y $15,000 por la travesía que terminó en tragedia.

Durante el juicio, el juez leyó los nombres de cada una de las personas fallecidas y mostró sus rostros en la sala como homenaje a las víctimas. La fiscalía destacó el rol central de Orduna-Torres como cabecilla de la red de contrabando dentro de Estados Unidos, mientras que Gonzalez-Ortega fue identificado como su principal colaborador en la logística del transporte.

Ambos fueron hallados culpables en marzo por un jurado federal de conspirar para traficar personas con consecuencias fatales. Según los documentos judiciales, los acusados organizaron el traslado de los migrantes a sabiendas de los riesgos que implicaba usar un tráiler con el sistema de refrigeración dañado. Las autoridades también señalaron que los traficantes actuaron con total indiferencia ante el sufrimiento de las personas que transportaban.

Este caso fue considerado un símbolo del peligro que representa el tráfico de personas en la frontera sur de EE.UU., especialmente en contextos de vulnerabilidad extrema. Tras el hallazgo del tráiler abandonado en San Antonio, se desató una investigación federal que ha llevado al arresto de varios implicados más, cuyas sentencias se esperan en los próximos meses.

El Departamento de Justicia ha reiterado que este tipo de delitos serán perseguidos con todo el peso de la ley. “Estas condenas reflejan nuestro compromiso de hacer justicia por las víctimas de estos crímenes atroces”, señaló un portavoz de la Fiscalía.

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