El juzgado Criminal y Correccional Federal 6 decidió archivar la denuncia hecha por la cubana Mavys Álvarez contra el fallecido Diego Maradona y su entorno por trata de personas cuando ella era menor de edad, informaron medios argentinos.

Álvarez denunció a Maradona y su entorno por los delitos de “reducción a la servidumbre, trata de personas agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o cohecho, privación ilegal de la libertad, suministro de drogas a un menor de edad, ejercicio Ilegal de la Medicina, lesiones y corrupción de menores”.

“No se refleja ninguna acción al día de hoy reprochable penalmente”, argumentó el juzgado al descartar que se haya tratado de un caso de trata de persona, por no tratarse de una relación “con fines de explotación sexual”, señaló Página 12.

La resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 descarta solo el delito más grave denunciado por la querella, el de trata de personas al considerar que del relato de Álvarez no surgen hechos que indiquen “un supuesto de explotación” con fines de lucro. La resolución agrega que aunque se tratara de un caso enmarcado dentro de la la Ley de Trata, la norma fue sancionada en el país en 2008, siete años después de los hechos denunciados.

También agregó que hay “obstáculos procesales” para juzgar a Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020.

“Los hechos habrían sido realizados principalmente por Diego Armando Maradona con la participación secundaria del resto de sus colaboradores entre el 9 de noviembre de 2001 y el 19 de enero de 2002, conforme los registros de ingreso y egreso a nuestro país de la nombrada. En razón de ello, existen obstáculos procesales que impiden llevar adelante la investigación y el juzgamiento de los hechos, dado que, con respecto a la autoría del señor Diego Armando Maradona, es de público conocimiento el fallecimiento ocurrido por lo que cualquier acción penal en su contra se encuentra extinta”, señaló la resolución citada por Infobae.

El juzgado dijo sobre el entorno de Maradona que los delitos ya quedaron prescriptos. Transcurrieron más de 20 años de los hechos denunciados, por lo que “la acción se encontraría prescripta, dado que han transcurrido sobradamente los plazos previstos” sin que se presente en el caso ninguna causal de interrupción y suspensión de la prescripción.

Mavys Álvarez presentó la denuncia por un viaje a Argentina en enero de 2020 cuando era menor de edad y las relaciones en Cuba. En declaraciones a la prensa, Álvarez dijo que Maradona abusó de ella y la introdujo en el consumo de drogas y alcohol.

“Era habitual que él me retara a una competencia entre los dos para ver quién consumía más. En esa época, yo pesaba entre 45 y 50 kilos, dependiendo del momento, y Diego mucho más. Sin embargo, me insistía con que tomáramos lo mismo. Así, me volví completamente adicta”, contó a Infobae.

Entre los señalados del entorno de Maradona están Gabriel Buono, asistente de Diego; Mariano Israelit, amigo de Maradona; Guillermo Cóppola, manager del histórico capitán de la Selección, y Carlos Ferro Viera.

Según Álvarez, esas personas “la convencieron, cuando ella era menor de edad, de acompañar a Maradona en el centro de rehabilitación La Pradera, en Cuba, donde el astro futbolístico realizó una recuperación de su adicción a las drogas”, señaló Página 12. 

Álvarez declaró ante la Justicia que fue trasladada a Buenos Aires, donde se le realizó una operación de mamas sin su consentimiento. La resolución señaló que podrá continuar la investigación por la operación de mamas. El tribunal se declaró incompetente y remitió la prueba a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que asignó la investigación por sorteo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 14.

El juzgado descartó también la denuncia hecha por Álvarez sobre un supuesto acuerdo entre las autoridades de Migración de Argentina y Cuba para permitir su ingreso al país de forma ilegal. Según la resolución, la Dirección Nacional de Migraciones presentó la documentación entre la que figuraba un permiso de ingreso transitorio, válido para mayores de 14 años en ese entonces, y una copia de la solicitud de visa firmada por la propia Mavys.

La decisión del juzgado desestima que se trata de un delito “de carácter internacional o en el marco de un delito de lesa humanidad como solicitó la querella”. Los supuestos delitos cometidos en Cuba se eximen por razones de "territorialidad" y las pruebas fueron enviadas al Poder Judicial de la Isla, agregó la citada fuente.

“Los hechos denunciados podrían constituir delitos y habrían ocurrido en Cuba, durante el año 2001. Sin embargo, como puede observarse, los hechos que damnificaron a Álvarez Rego sucedieron en otro país, y no resultan aplicables ninguno de los principios que rigen y regulan el ámbito espacial de la ley penal, que permitan exceptuar el principio de territorialidad y ser juzgados por nuestros tribunales. Implicaría decididamente una intromisión en la soberanía de la República de Cuba”, señaló el juzgado.

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