El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha endurecido los requisitos para que los menores de 21 años que sufrieron abandono, abuso o negligencia parental obtengan la residencia permanente (Green Card) mediante el programa humanitario SIJ, una medida que pone en riesgo de denegación y deportación a decenas de jóvenes cubanos que entraron al país sin permiso legal de admisión y que no pueden acogerse a los beneficios tradicionales de la Ley de Ajuste Cubano.
Las nuevas directrices migratorias permiten denegar la residencia e iniciar procesos de deportación incluso a jóvenes que cumplen los requisitos legales, lo que afecta directamente a menores de la isla que no califican para la Ley de Ajuste Cubano.
Así las cosas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) activó dos nuevas medidas administrativas (las alertas PA-2026-17 y PA-2026-18) que restringen drásticamente el acceso a la residencia permanente a través del Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJ). Las disposiciones entraron en vigor con efecto inmediato y abarcan tanto los trámites futuros como todos los expedientes que actualmente se encuentran en espera de resolución.
Aunque la mayoría de los jóvenes cubanos obtienen su residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano tras permanecer un año en territorio estadounidense, el programa SIJ se había convertido en una alternativa clave para menores de 21 años que ingresaron al país sin parole documentado o separados de sus padres. Con este giro normativo, el panorama legal para este grupo se vuelve considerablemente más complejo.
A partir de ahora, demostrar abandono, abuso o negligencia ante un tribunal estatal de menores ya no garantiza la aprobación de la Green Card. Bajo la nueva política, los funcionarios federales exigirán un «ejercicio favorable de discreción», facultándolos para rechazar solicitudes si detectan antecedentes de delincuencia juvenil, nexos con pandillas o inconsistencias en el caso. Asimismo, USCIS podrá entrevistar directamente a los jóvenes y negar el formulario I-360 si sospecha que la orden judicial se tramitó únicamente para obtener un beneficio migratorio y no por una necesidad real de protección.
Las consecuencias de un rechazo también se endurecen: si la agencia revoca una petición por fraude o error, podrá emitir una Notificación de Comparecencia para iniciar un proceso de deportación. Además, las autoridades recordaron que tener un formulario I-360 aprobado no otorga estatus legal ni permiso de trabajo automático, y eliminaron la opción de presentar citas de última hora en oficinas locales justo antes de cumplir los 21 años.
Esta reforma responde a una auditoría interna de 2025 que detectó un aumento del 317 % en las peticiones juveniles en cinco años, además de cientos de expedientes vinculados a pandillas y denuncias presuntamente fabricadas. Ante este escenario, los especialistas recomiendan a las familias cubanas que tengan procesos abiertos bajo esta categoría buscar asesoría legal inmediata para evaluar sus riesgos.
Fuente: USCIS - USCIS Policy Alert
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