En medio de la creciente escasez de transporte público y combustible en La Habana, la Policía impuso una multa de 24.000 CUP a dos personas que operaban como “gestores de pasaje” —más conocidos como bukenkes— en el Parque El Curita, una práctica que se ha vuelto común ante la incapacidad del sistema oficial para satisfacer la demanda ciudadana. La sanción evidencia la lucha contra la ilegalidad en el transporte informal, pero también refleja la profunda frustración de los habaneros ante un problema estructural que persiste desde hace años.
El operativo, liderado por el jefe de tránsito Alain Blanch Aldana, tuvo lugar esta semana y sorprendió a los detenidos en plena actividad ilícita. La PNR aplicó una multa de 16.000 CUP por el Decreto 91 y 8.000 CUP por el Decreto 30, mientras que los arrestados permanecieron en la estación de Centro Habana para completar el procedimiento. A pesar de la sanción, la medida no aborda la raíz del fenómeno: la insuficiencia de transporte público y la dependencia de los boteros privados para desplazarse dentro de la capital.
El descontento ciudadano se dejó sentir de inmediato en redes sociales. Muchos usuarios subrayaron que los bukenkes son un efecto de la falta de transporte eficiente y la escasez de combustible, y no el origen del problema. Comentarios como los de Jennifer Martínez destacan que los precios inflados por estos gestores reflejan la imposibilidad de acceder a un transporte garantizado: “Los precios no están así por esos dos señores, están así porque el transporte es un lujo, porque no hay garantías y porque el gobierno no hace nada”, escribió. Por su parte, Yoryana Morffi ironizó sobre la redada nocturna, recordando que el parque está mucho más concurrido durante el día.
Expertos y ciudadanos coinciden en que la multa representa un intento de controlar la especulación en el mercado informal, pero advierten que no resuelve la crisis estructural. La población sigue enfrentando apagones, largas esperas y tarifas elevadas por servicios que deberían ser complementarios, mientras los bukenkes se consolidan como un fenómeno inevitable frente a la ineficiencia estatal. Otros comentaristas, como Eduardo Pitity Gonzales, recuerdan que esta figura ha existido durante décadas, pero que la falta de transporte formal y combustible la mantiene vigente y necesaria para muchos habitantes de La Habana.
La sanción de 24.000 CUP genera además dudas entre los ciudadanos sobre el destino del dinero recaudado y si este será reinvertido en mejorar el sistema de transporte o simplemente desaparecerá en las arcas estatales, dejando intacto el problema que perpetúa la dependencia de los bukenkes en la ciudad.
Fuentes: Periódico Cubano
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