El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva legislación que destina cerca de 70.000 millones de dólares para fortalecer las políticas de inmigración y seguridad fronteriza durante el resto de su mandato, consolidando uno de los pilares centrales de su agenda gubernamental.
La norma contempla una inyección de recursos para las principales agencias encargadas de la aplicación de las leyes migratorias. De acuerdo con la distribución anunciada por la Casa Blanca, alrededor de 38.000 millones de dólares serán asignados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que otros 26.000 millones financiarán las operaciones de la Patrulla Fronteriza. Además, se reservarán aproximadamente 5.000 millones para cubrir gastos imprevistos.
La aprobación del proyecto se produjo tras una ajustada votación en la Cámara de Representantes, donde obtuvo el respaldo de la mayoría republicana pese a la oposición de los legisladores demócratas. Con la firma presidencial, concluye un prolongado debate sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional que se extendió durante varios meses.
Según el gobierno, los fondos aprobados garantizarán recursos para las agencias migratorias durante los próximos tres años, lo que permitirá planificar operaciones de largo plazo y mantener un flujo estable de financiamiento para la vigilancia fronteriza y las deportaciones.
La administración Trump ha defendido reiteradamente una política de endurecimiento de los controles migratorios y ha señalado como objetivo incrementar significativamente el número de expulsiones de personas que permanecen en el país sin autorización legal.
Durante la discusión legislativa, algunas propuestas incluidas inicialmente en el proyecto generaron controversia política y finalmente fueron eliminadas antes de la votación definitiva. Entre ellas figuraban partidas para proyectos de seguridad relacionados con la Casa Blanca y un fondo destinado a compensaciones para aliados políticos del mandatario que alegaban haber sido objeto de persecución judicial.
Tras esos cambios, el texto quedó enfocado casi exclusivamente en el fortalecimiento de las estructuras encargadas de hacer cumplir la legislación migratoria.
El tema de la inmigración continúa siendo uno de los principales ejes del debate político en Estados Unidos y una de las prioridades del Partido Republicano. Sus dirigentes sostienen que un mayor control fronterizo y una aplicación más estricta de las leyes son esenciales para la seguridad nacional y el orden migratorio.
Por su parte, sectores críticos han manifestado preocupación por el impacto que una política más agresiva de deportaciones podría tener sobre comunidades inmigrantes y familias establecidas en el país.
Fuente: AP
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