La delegación del régimen de La Habana dijo este viernes en la ONU que seguirá la pena de muerte en el Código Penal de Cuba hasta que cambie la política de Estados Unidos. El nuevo proyecto de ley aumenta el uso de la pena de muerte en la Isla.
Claude Heller, presidente del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU y co-relator por Cuba, dijo que "aunque la pena de muerte no se usaba desde 2003, el Gobierno cubano había indicado que no estaba listo para eliminarla del Código Penal".
"El Comité tenía una posición clara sobre la pena de muerte, creyendo que era una de las violaciones más graves de los derechos humanos, que socavaba la dignidad humana. ¿Cuba estaría dispuesta a convertir la moratoria de facto de la pena de muerte en una permanente por razones éticas?", apuntó la ONU en un comunicado de prensa.
La delegación cubana dijo sobre la pena de muerte que no se puede abordar de forma aislada, sino en el contexto de las condiciones específicas de cada país. Cuba está confiada en que llegue el día en que se den las condiciones para abolir la pena de muerte.
"Sin embargo, esta decisión tendría que estar ligada al cese de la política de hostilidad y agresión practicada contra Cuba por el Gobierno de los Estados Unidos, a fin de que Cuba pueda avanzar en su desarrollo económico, político y social, con plenas garantías de respeto por su soberanía", agregó la delegación.
Heller dijo que "le llamó la atención el hecho de que la reforma constitucional de 2019 no se haya utilizado como una oportunidad para prohibir la pena de muerte, que todavía era un castigo para una cantidad importante de delitos. Espera que en el futuro Cuba pudiera ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sería beneficioso para Cuba considerar la adopción de una moratoria sobre la pena de muerte".
Al Comité contra la Tortura de la ONU asistieron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX); el Ministerio del Interior; la Procuraduría General de la República; el Tribunal Popular Supremo; y la Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, detalló el comunicado de la ONU.
El MINREX emitió este viernes un comunicado de prensa tras la audiencia, pero no hizo mención alguna a la pena de muerte en Cuba.
La última vez que el régimen aplicó la pena de muerte estaba vivo el dictador Fidel Castro. Un Tribunal condenó a pena capital a Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, "los tres principales, más activos y brutales jefes de los secuestradores. Al amanecer de hoy, las sanciones fueron aplicadas", informó el 11 de abril de 2003 el periódico oficial Granma.
Los tres cubanos condenados a pena de muerte participaron en el secuestro de la lanchita de Regla en la Bahía de La Habana para irse a Estados Unidos. El Tribunal aplicó la condena en un juicio sumarísimo: los detenidos fueron puesto a disposición de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Popular de Ciudad de La Habana el 5 de abril y el día 8 concluyó el procedimiento.
"El Tribunal consideró aprobados los hechos, que constituían graves delitos de terrorismo previstos en la Ley 93 contra Actos de Terrorismo, del 24 de diciembre del 2001, en virtud de lo cual y tomando en cuenta la alta peligrosidad social de los hechos, así como la responsabilidad individual, el grado de participación y los antecedentes de conducta de los acusados", fueron establecidas esas y otras condenadas, apuntó el comunicado de prensa.
"Los tres sancionados a la pena máxima establecieron de inmediato recurso de apelación ante el Tribunal Supremo Popular, máximo órgano de justicia, que celebró un nuevo juicio en el que la sentencia fue ratificada", agregó Granma.
El medio independiente El Toque señaló que el anteproyecto del Código Penal aumentará el uso de la pena de muerte de 20 figuras delictivas a 24 en Cuba. Según el cronograma legislativo del régimen de La Habana, la aprobación del nuevo Código Penal está prevista el 2022. El actual código está vigente desde 1978.
"A diferencia de la normativa vigente, el anteproyecto del nuevo Código Penal concentra, casi de manera exclusiva, la posibilidad de aplicar la pena de muerte en caso de delitos relacionados con la Seguridad del Estado. Elimina su uso probable en delitos no contemplados dentro de ese título a excepción del asesinato", señaló el equipo jurídico del citado medio.
Entre los nuevos delitos contra la Seguridad del Estado y por los que se podría aplicar la pena de muerte están "la toma de rehenes (artículo 155.2), los actos contra la seguridad de la navegación marítima (artículo 157.2), contra la seguridad de la aviación y los aeropuertos (artículo 161) y contra las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental e insular (artículo 166.2)".