Las principales cadenas de televisión estadounidenses suspendieron la cobertura conjunta de los actos presidenciales después de que la Casa Blanca impidiera el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico. Los medios afectados anunciaron además una demanda federal contra la administración de Donald Trump, alegando que la medida vulnera las garantías de libertad de prensa de la Primera Enmienda.
La disputa entre la Casa Blanca y varios medios estadounidenses escaló este lunes a un nuevo nivel. ABC, CBS, Fox News, NBC y CNN, integrantes del sistema de cobertura televisiva conjunta de los actos presidenciales, dejaron de proporcionar el denominado TV pool para los eventos de Trump. El mecanismo permite que una cadena registre las imágenes y las distribuya al resto de las televisiones participantes y a estaciones locales.
La decisión se produjo después de que periodistas de CNN, MS NOW y Politico fueran impedidos de ingresar al complejo presidencial durante el fin de semana. Según los propios medios, sus credenciales fueron desactivadas o retiradas.
El viernes 18 de septiembre, Trump había anunciado que prohibiría el acceso de esos tres medios a la Casa Blanca, acusándolos de publicar información que calificó como falsa. La administración no ha presentado, en las fuentes consultadas, un procedimiento público que detalle cómo se adoptó la medida.
La reacción fue inmediata. CNN, MS NOW y Politico anunciaron este lunes una demanda contra Trump y su administración ante un tribunal federal de Washington D.C. Las organizaciones sostienen que la retirada de sus credenciales y el bloqueo del acceso vulneran sus derechos constitucionales y argumentan que el Gobierno no debe decidir qué medios pueden informar desde la Casa Blanca en función de su cobertura.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) también pidió que se restablezca el acceso de los periodistas. Su presidenta Jacqui Heinrich sostuvo que las consecuencias del caso podrían extenderse más allá de los tres medios involucrados y afectar al principio de acceso de la prensa a las actividades del Gobierno.
Trump, por su parte, sostiene que su decisión no constituye un ataque contra la prensa libre, sino una respuesta a medios que, según él, difunden información falsa. Esa posición contrasta con el argumento de los medios afectados, que consideran que el veto constituye una interferencia gubernamental con su labor periodística.
El enfrentamiento abre ahora un escenario judicial. El caso pone en discusión hasta dónde puede llegar una administración presidencial al regular el acceso de periodistas a la Casa Blanca y qué límites impone la Primera Enmienda cuando el Gobierno considera desfavorable la cobertura de determinados medios. La respuesta dependerá de los tribunales.
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