El régimen cubano volvió a presentar un nuevo paquete de promesas económicas bajo el llamado “Programa Económico y Social 2026”, en medio de una crisis marcada por la inflación, el déficit fiscal, el deterioro de los servicios básicos y el creciente descontento de la población.
Durante una reunión del Consejo de Ministros encabezada por Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero, las autoridades insistieron en que el plan contiene las “grandes metas y compromisos” para transformar la economía. Sin embargo, los propios datos oficiales reflejan un panorama cada vez más crítico para el país.
Uno de los indicadores más preocupantes reconocidos por el régimen es el repunte de la inflación. Según el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, el índice interanual de precios al consumidor cerró marzo en 13,42 %, cifra superior a la de febrero y que evidencia nuevas presiones inflacionarias.
Aunque el gobierno insiste en responsabilizar al embargo estadounidense y a la falta de combustible, la realidad es que el descontrol monetario, la baja producción nacional y las fallidas políticas económicas del Estado siguen golpeando directamente el bolsillo de los cubanos.
El propio informe reconoce un incremento del dinero en circulación, mientras los precios de productos agropecuarios continúan disparados, especialmente en los mercados no estatales, donde el aumento alcanzó casi un 32 %.
A esto se suma el deterioro de las finanzas públicas. El ministro de Finanzas, Vladimir Regueiro Ale, admitió que el déficit presupuestario supera lo planificado debido al incumplimiento de ingresos al Presupuesto Central.
En otras palabras, el Estado recauda menos de lo que necesita para sostener una estructura gigantesca, improductiva y burocrática que consume enormes recursos mientras los servicios públicos colapsan.
La respuesta oficial parece apuntar nuevamente a ajustes y reestructuraciones. El Consejo de Ministros aprobó reducir los organismos de la Administración Central del Estado de 27 a 21 ministerios y entidades, una medida presentada como intento de hacer más “eficiente” el aparato gubernamental.
Sin embargo, muchos cubanos observan estas reformas con escepticismo. Durante años, el régimen ha anunciado “transformaciones”, “perfeccionamientos” y “actualizaciones” económicas que no han logrado frenar el deterioro del país ni mejorar las condiciones de vida de la población.
Mientras tanto, continúan los apagones, la escasez de alimentos, la falta de medicamentos y la crisis del transporte. Incluso el propio gobierno reconoce retrasos en inversiones por falta de combustible, cemento, acero y financiamiento.
Las autoridades también admitieron que muchas empresas estatales siguen siendo ineficientes y con pérdidas. Manuel Marrero criticó que algunos directivos “no buscan alternativas” ni soluciones para sostener la producción.
Pero detrás de ese discurso aparece una contradicción evidente: el sistema económico centralizado y excesivamente controlado por el Estado limita precisamente la iniciativa privada, la inversión y la capacidad real de crecimiento.
En medio de esta situación, el régimen insiste en pedir “creatividad” y “resistencia” a empresas y ciudadanos, mientras miles de cubanos continúan emigrando debido a la falta de oportunidades y al deterioro de la calidad de vida.
Otro dato revelador es el reconocimiento oficial de problemas de corrupción en la gestión administrativa, un fenómeno que se ha expandido en un contexto de crisis económica, bajos salarios y falta de transparencia institucional.
Aunque el gobierno intenta presentar el Programa Económico y Social 2026 como una hoja de ruta para el futuro, la realidad diaria de los cubanos parece alejarse cada vez más de los discursos oficiales.
Con inflación creciente, déficit fiscal en aumento, reducción de ministerios y una economía incapaz de despegar, muchos consideran que el principal problema no es la falta de planes, sino el agotamiento de un modelo económico que durante décadas no ha logrado ofrecer prosperidad ni estabilidad al país.
Fuente: Granma
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