La decisión del presidente Donald Trump de ordenar una operación en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro provocó una reacción inmediata y profundamente dividida en el Congreso de Estados Unidos. Mientras la mayoría de los legisladores republicanos cerraron filas en respaldo a la Casa Blanca, los demócratas denunciaron la acción como injustificada y cuestionaron su legalidad por no haber contado con autorización previa del Congreso.
De acuerdo con fuentes citadas por ABC News, los principales líderes del Congreso —conocidos como la “Banda de los Ocho”— no fueron informados antes de que comenzara la operación militar. El Departamento de Defensa notificó al personal legislativo solo después de iniciada la acción. Semanas antes, Trump había adelantado que no informaría con antelación a los legisladores por temor a filtraciones.
La respuesta del Capitolio se alineó rápidamente con las divisiones partidistas. El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo conversaciones telefónicas el sábado por la mañana con senadores republicanos para explicar el alcance y la base legal del operativo. El senador Mike Lee, de Utah, expresó inicialmente dudas constitucionales, al señalar que no veía una justificación clara sin una declaración de guerra o una autorización para el uso de la fuerza militar. Sin embargo, tras hablar con Rubio, afirmó sentirse conforme con la explicación recibida.
Lee explicó que Rubio le informó que Maduro fue arrestado por personal estadounidense para enfrentar cargos criminales en tribunales de Estados Unidos, y que el despliegue militar tuvo como objetivo proteger a quienes ejecutaban esa orden judicial. Según el senador, esa acción podría encuadrarse dentro de la autoridad del presidente, bajo el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense frente a amenazas reales o inminentes. Añadió además que no se anticipan nuevas acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia.
Rubio defendió públicamente la falta de notificación previa al Congreso. “No es el tipo de misión que se pueda avisar con antelación sin ponerla en riesgo”, afirmó, describiendo la operación como una misión condicionada a factores que debían cumplirse noche tras noche. Insistió en que, en esencia, se trató de la detención de dos fugitivos acusados por la justicia estadounidense, con apoyo del Departamento de Defensa al Departamento de Justicia.
El senador Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, respaldó esa postura tras hablar también con Rubio. Cotton calificó a Maduro como un dictador ilegítimo que lideraba una red de narcotráfico y celebró la operación como un paso clave para llevarlo ante la justicia. En declaraciones posteriores, sostuvo que no es necesario notificar al Congreso cada vez que el Ejecutivo ejecuta un arresto.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, coincidieron en calificar la acción como decisiva y justificada, subrayando que se ejecutó una orden válida del Departamento de Justicia. Ambos señalaron que la administración ofrecerá sesiones informativas al Congreso en los próximos días.
Desde el lado demócrata, las críticas fueron contundentes. El representante Jim Himes, miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara, afirmó que no se ha presentado evidencia de que la situación en Venezuela justificara una acción militar sin autorización legislativa ni una estrategia clara para el día después. En la misma línea, el senador Tim Kaine acusó a Trump de ignorar deliberadamente el papel constitucional del Congreso y advirtió sobre el precedente que podría sentarse para futuras intervenciones.
Kaine, junto con Adam Schiff y el republicano Rand Paul, impulsa una resolución de poderes de guerra para bloquear el uso de fuerzas estadounidenses en Venezuela sin aval del Congreso, iniciativa que podría ser votada en los próximos días. Otros demócratas denunciaron que la operación viola el derecho internacional y aumenta el riesgo de inestabilidad regional.
Aunque el respaldo republicano fue mayoritario, algunos legisladores conservadores también expresaron reservas, advirtiendo sobre las implicaciones legales y geopolíticas de la operación. El debate promete intensificarse cuando el Congreso retome plenamente sus sesiones, en un contexto donde la política exterior de Trump vuelve a situarse en el centro de la confrontación política interna.
Fuente: ABC News
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