La situación en las cárceles cubanas se está volviendo cada vez más alarmante, con reportes de abusos, negligencia y violencia que culminan en tragedias. Recientemente, se ha conocido el caso de Fidel Olivares Rodríguez, quien se quitó la vida en el Combinado de Guantánamo tras ser golpeado y humillado por otros reclusos al servicio de los guardias de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del MININT. Este incidente, que apunta directamente al jefe de Orden Interior, Mayor Yorki Bouli Castellanos, resalta la violencia sistemática en el sistema penitenciario.
Otro caso desgarrador es el de Noel Rodríguez Rodríguez, de 25 años, quien fue brutalmente golpeado bajo las órdenes del director de la prisión de Ariza en Cienfuegos, Tte Coronel Lizandro Argüelles Fonseca. Rodríguez murió a consecuencia de los golpes cuatro días después, el 13 de agosto.
En el año que comenzó en enero de 2023, se documentaron 56 muertes bajo custodia de agentes del orden público y centros penitenciarios en Cuba. Las condiciones en las cárceles cubanas, caracterizadas por el hacinamiento, la malnutrición, la falta de atención médica adecuada y la suspensión de pases y visitas, son alarmantes.
La violencia en la sociedad cubana también ha aumentado. En agosto, al menos 22 personas fueron asesinadas en 11 provincias, incluidos tres feminicidios, según reportes de la organización Cubalex. Esta cifra iguala el número de homicidios de marzo pasado, que era el mes con más víctimas de homicidio en lo que va de 2024. En los primeros seis meses del año, se contabilizaron 91 homicidios, con un promedio mensual de 15, mientras que el promedio de homicidios mensuales estimado por El Toque sugiere que más de una persona ha sido asesinada diariamente en Cuba en los últimos cinco años.
Cubalex también documentó 208 incidentes represivos en 46 municipios el mes pasado, siendo La Habana, Villa Clara y Pinar del Río las provincias con mayor número de casos. Entre los municipios, Santa Clara, Guanabacoa y Camagüey registraron las cifras más elevadas. Estos incidentes afectaron a 177 personas, entre ellos opositores políticos y ex presos políticos.
La ONG alertó sobre el aumento en robos, asaltos, agresiones con armas blancas, ajustes de cuentas, peleas colectivas y el uso de drogas, y culpó al gobierno del deterioro de la seguridad pública, señalando que los recursos del Estado se utilizan más para el control y represión de los derechos civiles y políticos que para erradicar la violencia. En agosto, se registró la muerte de al menos tres prisioneros, dos de ellos por enfermedades contraídas en prisión o atención médica negligente, y un tercero, Yosandri Mulet Almarales, preso político del 11J, quien se suicidó en La Habana durante un pase.
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