El gobierno del condado de Miami-Dade ha renovado y ampliado su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mediante un nuevo convenio que redefine el manejo de los registros de personas detenidas por motivos migratorios en las cárceles locales.
El documento, ya firmado por la alcaldesa Daniella Levine Cava, establece que la información relativa a los reclusos bajo custodia por órdenes de detención emitidas por ICE será administrada directamente por esa agencia federal. Con este cambio, los datos sobre estos detenidos dejarán de aparecer de forma inmediata en las plataformas de consulta del condado, lo que ha generado preocupación entre familiares, abogados y activistas por los derechos de los inmigrantes.
El nuevo modelo busca estandarizar la cooperación entre las autoridades locales y federales en materia migratoria, pero también podría limitar el acceso público a información clave sobre los detenidos, especialmente para quienes buscan confirmar su ubicación o estado procesal.
Según explicó Rachel Johnson, subjefa de gabinete de Levine Cava, aunque la gestión de datos pasa a manos de ICE, los familiares y ciudadanos interesados podrán acceder a esa información mediante los sistemas del propio servicio federal. No obstante, organizaciones defensoras de los inmigrantes han expresado su escepticismo, al considerar que esta centralización puede aumentar la opacidad y dificultar el seguimiento de los casos.
Otro aspecto relevante del acuerdo contempla un mecanismo de compensación financiera: el condado podrá reclamar un reintegro de 50 dólares por cada persona retenida bajo custodia migratoria. Este reembolso está destinado a aliviar los costos asociados a la detención, los cuales pueden superar los 300 dólares diarios por individuo.
Además, el documento especifica que los detenidos podrán ser retenidos en instalaciones del condado por un máximo de 48 horas antes de ser transferidos a ICE, en conformidad con las leyes vigentes del estado de Florida, que obligan a las autoridades locales a colaborar con las agencias federales en casos de inmigración.
La alcaldesa Levine Cava ha defendido el acuerdo como una medida que busca mantener el equilibrio entre la colaboración institucional y la responsabilidad financiera del condado. Sin embargo, el cambio ha generado división entre sectores que apoyan una línea dura contra la inmigración irregular y aquellos que abogan por una política más transparente y humana.
Antes de su implementación definitiva, el convenio deberá ser evaluado y votado por la Comisión del Condado de Miami-Dade, que tendrá la última palabra sobre si se oficializa este nuevo modelo de coordinación con ICE.
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