Soldados salvadoreños patrullando las calles de Haití - Foto: Guerinault Louis/Anadolu/IMAGO
Amnistía Internacional abrió un nuevo debate sobre las operaciones militares contra las bandas criminales en Haití al exigir a los gobiernos de ese país y de El Salvador garantías de respeto a los derechos humanos durante el despliegue de más de 2.000 militares salvadoreños en Puerto Príncipe.
El pronunciamiento, publicado el 9 de noviembre, está dirigido al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, en momentos en que las fuerzas de seguridad intensifican las operaciones contra organizaciones armadas responsables de secuestros, extorsiones y numerosos episodios de violencia.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, reclamó que ambos gobiernos hagan público el acuerdo que autoriza la presencia de los militares salvadoreños y expliquen qué mecanismos de supervisión existen, cuáles son las reglas para utilizar la fuerza y ante quién deben responder los efectivos desplegados.
La organización también pidió investigaciones independientes ante posibles abusos y garantías para que los ciudadanos puedan denunciar violaciones sin temor a represalias.
La intervención salvadoreña comenzó después de que cuatro militares de ese país, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecieran el 18 de octubre tras una emboscada de grupos armados en la zona de Croix-des-Bouquets.
Desde entonces, Bukele envió más de 2.000 efectivos para apoyar las operaciones de búsqueda y combatir a las organizaciones criminales que mantienen el control de amplias zonas de la capital haitiana.
Uno de los episodios recientes fue la destrucción de la vivienda de Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», señalado como líder de la pandilla 400 Mawozo, y de instalaciones utilizadas por esa organización. Bukele anunció el operativo mediante un video publicado en sus redes sociales.
Sin embargo, el pronunciamiento de Amnistía Internacional ha generado cuestionamientos por el momento en que se produce, cuando las autoridades intentan recuperar territorios dominados por grupos armados que mantienen sometida a buena parte de la población haitiana.
Otro elemento relevante es que, según explicó el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, la mayoría de los militares salvadoreños desplegados no pertenece a la GSF y, por tanto, queda fuera del mandato y los mecanismos de supervisión de la misión de apoyo de la ONU.
Amnistía sostiene que combatir a las pandillas no debe traducirse en nuevos abusos contra la población civil y reclama que cualquier operación respete los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Fuente: DW
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