Finalizada la pandemia de Covid 19, Arabia Saudita ha incrementado nuevamente el ritmo de las ejecuciones de prisioneros: en menos de dos semanas les fue aplicada la condena a muerte a 17 personas, la mayoría por decapitación, pese a las promesas de la monarquía absoluta que rige el país de poner freno a la pena máxima.
El reino wahabita había congelado completamente las ejecuciones durante los últimos dos años. En el 2001 retomó la práctica, pero bajo una moratoria que exoneraba a los crímenes no violentos.
Este año, sin embargo, se ha desatado un verdadero maratón de ejecuciones: 144 muertos hasta noviembre, en su mayoría por terrorismo, asesinato y violación, aunque también por delitos no violentos como tráfico de drogas, insultos o mofas al islam, adulterio y sodomía.
Con relación a su población, en ningún otro país del mundo se aplica tanto la pena de muerte como en Arabia Saudita. En números absolutos sólo le superan China e Irán. En el reino islámico el método más extendido para aplicar la sanción es la decapitación pública, seguida del fusilamiento.
Muchas de las ejecuciones de los últimos días ocurrieron mientras la máxima autoridad del país, el príncipe heredero Mohamed Bin Salman, asistía a la inauguración de la Copa del Mundo en Qatar y compartía tribuna con el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
“Esto es profundamente lamentable”, dijo en Ginebra la portavoz de la ONU, Elizabeth Throssell, sobre las ejecuciones más recientes.
Críticos de la monarquía y organizaciones humanitarias han denunciado al gobierno saudita por usar la Copa Mundial de fútbol para desviar la atención de las ejecuciones masivas. En particular se quejan de que mientras Qatar ha sido ásperamente criticado por su récord de derechos humanos, esos abusos palidecen en comparación con lo que ocurre en la vecina Arabia Saudita.
En los primeros seis meses del año, Arabia Saudita mató más prisioneros que nunca, muchos de ellos por delitos de drogas, aunque esas cifras se mantienen en secreto.
Sólo en un sábado de marzo último fueron ejecutados en Ryad y otras ciudades 81 personas, según confirmó la propia agencia oficial del reino. El gobierno dijo básicamente se trataba de acusados por terrorismo y membresía a organizaciones extremistas como el Estado Islámico y Al Qaeda, pero grupos humanitarios aseguran que muchos eran presos políticos detenidos tras las manifestaciones de la minoría chiíta en algunas zonas del país.
El príncipe Bin Salman, quien se presenta como un reformador que busca la modernización del reino petrolero, ha tratado de minimizar las críticas alegando que únicamente los culpables de asesinatos y homicidios recibirán la pena máxima.
Pero el propio heredero al trono ha sido señalado directamente por los servicios de Inteligencia de Estados Unidos como el máximo responsable de ordenar el asesinato, descuartizamiento y desaparición de los restos del periodista opositor Jamal Khashoggui dentro del consulado saudita en Estambul en el 2018.
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