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En medio del creciente malestar generado por el reciente tarifazo de ETECSA, el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha recurrido nuevamente a su discurso más agresivo, utilizando un tono beligerante que evoca tiempos de confrontación. Esta vez, el oficialismo ha vuelto a emplear un lenguaje bélico, presentando las demandas de los jóvenes universitarios como una amenaza a la seguridad nacional.
El mensaje, publicado en las redes sociales del PCC y respaldado por Miguel Díaz-Canel en su calidad de primer secretario, dejó claro que en el modelo cubano no hay espacio para la crítica. Citando palabras de Fidel Castro, el comunicado advirtió que “estos procesos revolucionarios no tienen término medio, o triunfan o son derrotados”. Desde el poder, esta declaración se interpreta sin ambigüedades: el disenso se convierte en enemigo.
“Tengan por seguro que a nosotros no nos contarán entre los derrotados”, remató Díaz-Canel, marcando una línea divisoria entre quienes siguen el régimen y quienes se atreven a alzar la voz. Este mensaje no es casual ni inocente: constituye una clara advertencia que criminaliza la discrepancia y justifica el uso del aparato represivo del Estado.
Este discurso recuerda a la famosa «orden de combate» del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en protestas pacíficas y el gobernante ordenó que se confrontara a los manifestantes con militantes revolucionarios. “A la calle los revolucionarios”, dijo en ese entonces, y lo que siguió fue represión, golpizas, arrestos arbitrarios y un silencio impuesto por la fuerza.
Lo que comenzó como un rechazo al abuso tarifario de ETECSA ha evolucionado en un fenómeno mucho más amplio, especialmente entre los jóvenes universitarios, con centros como el ISDi y otras instituciones como epicentros de la indignación. El acceso a Internet, que ya no es un lujo sino una necesidad básica para estudiar, trabajar y participar en la sociedad moderna, se ha convertido en un derecho fundamental. Sin embargo, en lugar de ofrecer una respuesta razonable, el régimen ha decidido endurecer aún más su postura.
La respuesta del gobierno ha sido el despliegue de agentes de la Seguridad del Estado en las universidades, una medida que deja claro cómo perciben la protesta: no como un reclamo legítimo, sino como un delito a sofocar. A esta acción se suma un acto simbólico: el ascenso a general del ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, en presencia de Raúl Castro, un gesto que más que un homenaje parece una reafirmación de que el poder sigue blindado tras las mismas caras, ideas y métodos.
Lo preocupante es que este tipo de mensajes no son triviales. Cuando el primer secretario del único partido legal del país declara que es necesario “derrotar a la extrema reacción”, no está hablando de manera abstracta. Está autorizando el uso de la represión contra estudiantes, periodistas, activistas y cualquier persona que cuestione las decisiones del poder.
El regreso del lenguaje de trincheras se siente con fuerza. Se habla de lucha, enemigos y confusión ideológica, pero en ningún momento se aborda el verdadero origen de todo este descontento: las decisiones impopulares, la desconexión con la realidad y el empeño en gobernar a base de miedo.
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