La Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó firme el monto del decomiso que deberán afrontar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la denominada causa Vialidad, al rechazar los recursos con los que buscaban frenar la ejecución de sus bienes.
Con esta decisión, los nueve condenados deberán responder de manera solidaria por 684.990 millones de pesos argentinos, una cifra equivalente a aproximadamente 570 millones de dólares estadounidenses, tomando como referencia un tipo de cambio cercano a los 1.200 pesos por dólar.
El máximo tribunal declaró inadmisibles los planteamientos de la defensa de Cristina Kirchner, del empresario Lázaro Báez y de otros condenados que cuestionaban el mecanismo utilizado para actualizar el monto del decomiso. La resolución despeja el camino para que avance la ejecución patrimonial de los bienes vinculados al caso.
La causa investigó un esquema de adjudicación de 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Durante el juicio, la Justicia concluyó que se cometieron irregularidades en la asignación de proyectos viales que favorecieron al empresario Lázaro Báez, quien recibió la mayor parte de las licitaciones financiadas por el Estado nacional.
Inicialmente, el perjuicio económico había sido estimado en unos 85.000 millones de pesos argentinos, pero posteriormente los peritos de la Corte actualizaron esa cifra mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elevando el monto definitivo a casi 685.000 millones de pesos argentinos.
La defensa de la exmandataria sostenía que el decomiso no debía superar los 23.000 millones de pesos argentinos (alrededor de 19 millones de dólares), argumento que fue rechazado en todas las instancias judiciales.
Con el fallo de la Corte, las autoridades podrán avanzar en el decomiso de numerosos bienes pertenecientes a los condenados. Entre ellos figuran inmuebles, terrenos, vehículos y establecimientos hoteleros, incluidos activos vinculados a la familia Kirchner que, según la Justicia, podrían ser alcanzados por la ejecución patrimonial.
Además, en los tribunales federales continúa la tramitación de nuevas solicitudes de decomiso sobre otras propiedades relacionadas con la investigación, así como diversos activos cuya situación jurídica aún debe resolverse.
El decomiso constituye una de las consecuencias previstas por la legislación argentina para los casos de corrupción con sentencia firme y busca recuperar para el Estado los beneficios económicos obtenidos mediante actividades delictivas.
La decisión de la Corte representa un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales por corrupción más relevantes de la historia reciente de Argentina y permite avanzar hacia la recuperación de bienes considerados producto de las maniobras investigadas.
(Con información de Clarín)