La organización no gubernamental Prisoners Defenders denunció que el gobierno de Botsuana conoce y financia un esquema que, según sus investigaciones, somete a los médicos cubanos enviados al país africano a condiciones de trabajo forzoso, restricciones personales y retención de una parte significativa de sus ingresos.
De acuerdo con un informe de la organización, el Estado botsuanés paga al régimen cubano unos 3.500 euros mensuales, equivalentes a aproximadamente 4.095 dólares, por cada médico especialista. Sin embargo, los profesionales reciben alrededor de 1.000 dólares, lo que representa cerca del 24% del monto abonado por su trabajo. El resto es transferido a las autoridades cubanas.
Prisoners Defenders sostiene que las autoridades de Botsuana conocen esta distribución porque el convenio bilateral establece de manera explícita los montos destinados al profesional y al Estado cubano. Según la organización, el contingente activo estaría integrado por unos 90 trabajadores de la salud.
Con las tarifas establecidas, la ONG calcula que el despliegue representa ingresos anuales superiores a cuatro millones de dólares para el régimen de La Habana. También señala que los médicos cubanos reciben una remuneración considerablemente inferior a la de especialistas botsuaneses que desempeñan funciones similares.
El informe denuncia además estrictas medidas de control sobre la vida cotidiana de los profesionales. Una resolución interna emitida en julio de 2026 por la jefatura de la misión médica cubana en Botsuana establece restricciones para abandonar el distrito asignado, recibir visitas, pasar la noche fuera de la residencia designada, relacionarse con otros cubanos ajenos a la brigada y utilizar vehículos.
El documento también contempla controles en las viviendas y sanciones por divulgar información considerada sensible, según la organización.
Prisoners Defenders afirma haber recopilado testimonios de médicos destinados en Botsuana que describen un sistema caracterizado por vigilancia, restricciones de movimiento y falta de autonomía. Según el reporte, algunos profesionales aseguraron no haber participado voluntariamente en la misión y varios indicaron que nunca recibieron una copia de sus contratos.
La ONG también denunció la retención de los pasaportes de los trabajadores y jornadas laborales que, de acuerdo con los testimonios analizados, llegaron a superar las 50 horas semanales.
A estas condiciones se suma, según el informe, la amenaza de sanciones para quienes abandonen la misión o no regresen a Cuba. Prisoners Defenders relaciona esta situación con el artículo 176 del Código Penal cubano, que contempla penas de prisión para determinados casos de abandono de funciones en el extranjero.
La organización recordó que la Constitución de Botsuana prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso, mientras que el país ha ratificado convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra esta última práctica.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también había advertido en su informe sobre trata de personas de 2025 sobre posibles casos de trabajo forzoso entre profesionales médicos cubanos destinados en Botsuana.
Prisoners Defenders pidió al gobierno botsuanés investigar las condiciones denunciadas, garantizar que los médicos reciban directamente sus salarios completos, permitir entrevistas confidenciales con los trabajadores y suspender las medidas de control establecidas por la misión cubana.
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