Foto: Michael Nigro/Sipa USA/AP/Archivo
Un juez federal de California suspendió a nivel nacional una política impulsada por la administración del presidente Donald Trump que permitía a agentes migratorios realizar arrestos en tribunales de inmigración, una práctica que había generado fuertes críticas por parte de abogados y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
La decisión judicial representa un revés para la estrategia migratoria del Gobierno, que desde el año pasado autorizó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a detener a migrantes en los propios tribunales, incluso inmediatamente después de que estos comparecieran ante un juez para atender sus procesos legales.
En una resolución de 71 páginas, el juez federal P. Casey Pitts concluyó que la medida era “arbitraria y caprichosa”, al considerar que no tomó en cuenta el impacto que podía tener sobre la disposición de los inmigrantes a presentarse ante las autoridades judiciales.
Según el magistrado, la política generó un efecto disuasorio que podría impedir que muchas personas acudieran a sus audiencias por temor a ser detenidas, afectando así el funcionamiento del sistema migratorio y el acceso al debido proceso.
La administración Trump había eliminado previamente una guía que limitaba las acciones de los agentes migratorios en los alrededores de los tribunales. Funcionarios federales argumentaban que esas restricciones dificultaban la captura de personas sujetas a procesos de deportación o consideradas una amenaza para la seguridad pública.
Sin embargo, Pitts señaló que las nuevas directrices no ofrecían una justificación suficiente para abandonar las protecciones anteriores ni abordaban adecuadamente las consecuencias de los arrestos en sedes judiciales.
La decisión fue celebrada por organizaciones de derechos civiles y grupos de asistencia legal a inmigrantes. Jordan Wells, abogado del Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco, afirmó que los tribunales deben ser espacios donde las personas puedan buscar justicia sin temor a ser arrestadas.
“El tribunal debe ser un refugio para la búsqueda de justicia, no un terreno de caza para ICE”, expresó el jurista al reaccionar al fallo.
Por su parte, representantes del Gobierno criticaron duramente la decisión. James Percival, principal asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional, sostuvo que cuando un juez de inmigración ordena la expulsión de una persona, esta debe quedar bajo custodia para garantizar el cumplimiento de la medida.
El funcionario calificó la resolución como un ejemplo de “activismo judicial” y defendió la política migratoria de la administración.
La orden judicial tendrá efecto en todo el país mientras continúan los procesos legales relacionados con la controversia. De esta forma, ICE no podrá realizar arrestos en tribunales de inmigración bajo las directrices impugnadas, al menos hasta que una instancia superior revise el caso o se emita una decisión definitiva.
(Con información de CNN)