El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, confirmó que un testigo protegido señaló al líder chavista Diosdado Cabello como responsable de ordenar y financiar el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. La declaración forma parte de una investigación que, según las autoridades chilenas, sigue en curso bajo estricta reserva.
Ojeda, quien recibió asilo político en Chile tras huir de Venezuela, fue encontrado sin vida en febrero pasado. Según la fiscalía, el crimen habría sido ejecutado por miembros del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional. “Tenemos testimonios que implican directamente a Cabello en este acto”, afirmó Valencia en declaraciones recientes, subrayando que la justicia chilena actuará sin importar el rango o la posición de los presuntos responsables.
Tres personas han aportado testimonios clave en el caso, uno de ellos protegido por las leyes chilenas. Según esta fuente, Cabello habría coordinado el crimen a través de líderes del Tren de Aragua, específicamente alias “Niño Guerrero”. La información, presentada por el canal Chilevisión, también señala que el político venezolano habría financiado el asesinato como represalia por las actividades opositoras de Ojeda.
Ojeda fue un crítico activo del régimen de Nicolás Maduro. En 2017, escapó de una prisión militar en Venezuela, donde fue encarcelado por “traición a la patria”. Desde entonces, denunció violaciones de derechos humanos y organizó protestas contra el gobierno chavista desde el exilio. En 2022, realizó una manifestación simbólica frente al Palacio de La Moneda en Santiago, que aparentemente lo convirtió en objetivo del régimen.
El caso ha motivado una serie de operativos policiales en Chile y otros países. Esta semana, las autoridades chilenas anunciaron la captura de dos presuntos miembros del Tren de Aragua, implicados en el asesinato de Ojeda. Además, se detuvo en Estados Unidos a un líder de esta banda conocido como “El Turco”, quien podría enfrentar extradición.
Ángel Valencia destacó el impacto de estas acciones. “Estamos debilitando una organización criminal que ha cometido múltiples delitos en Chile y en el continente”, aseguró.
La posibilidad de procesar a Diosdado Cabello presenta retos significativos, dado su posición en el régimen chavista. Sin embargo, el fiscal Valencia fue enfático: “En Chile, la ley se cumple, y vamos a perseguir a los responsables, estén donde estén”.
El sistema judicial chileno evalúa las implicaciones diplomáticas y legales de llevar adelante un caso contra una figura extranjera de alto perfil. Según Valencia, esto no excluye la responsabilidad penal en Chile, especialmente si hay pruebas que sustenten la acusación.
La muerte de Ojeda Moreno ha sido interpretada como un acto político. Antes de su asesinato, el régimen venezolano lo incluyó en una lista pública de “traidores a la patria”, acusándolo de participar en un supuesto plan desestabilizador llamado “Brazalete Blanco”.
Activistas como Iván Simonovis y Tamara Suju han denunciado que agentes de inteligencia venezolana podrían estar infiltrados en Chile y haber participado en el crimen. Estos señalamientos aumentan la tensión entre ambos países y refuerzan la percepción de que el asesinato de Ojeda fue más que un simple acto criminal.
La investigación continúa recopilando pruebas, incluyendo vehículos y posibles casas de seguridad utilizadas en el crimen. A medida que se esclarecen los hechos, este caso podría tener profundas repercusiones en las relaciones entre Chile y Venezuela, así como en los esfuerzos internacionales para combatir la impunidad en crímenes políticos.
El fiscal Valencia reiteró su compromiso de buscar justicia: “No importa el cargo ni el país de origen, la justicia chilena no hará concesiones”.
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