Un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y su Subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento Migratorio ha arrojado un contundente análisis del programa de parole CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), calificándolo como un sistema “plagado de fraudes” y deficiencias graves. Este programa, instaurado por Joe Biden, fue diseñado para admitir hasta 30 mil migrantes mensuales de manera ordenada, pero ha generado fuertes críticas por sus irregularidades.
Desde su creación en 2021, más de 531 mil personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han ingresado a Estados Unidos bajo este acápite pero el informe detalla acusaciones de uso indebido de la autoridad de parole, la cual por ley debe ser aplicada caso por caso. No ha sido así y se ha implementado de forma masiva.
El informe denuncia que algunos patrocinadores han utilizado ingresos provenientes de actividades ilícitas o beneficios públicos para justificar su capacidad de apoyo, contradiciendo la promesa de que los costos del programa serían cubiertos por patrocinadores privados. Esto ha implicado que “los contribuyentes estadounidenses podrían estar financiando indirectamente a los beneficiarios del programa”.
El documento critica al Departamento de Seguridad Nacional por no realizar verificaciones completas de antecedentes a través del Centro Nacional de Información Criminal. Según el informe, esto limita la capacidad de identificar riesgos de seguridad, facilitando la explotación del programa para fines ilícitos.
Otras cifras reveladoras son los números de Seguro Social duplicados: “El mismo número de Seguro Social fue utilizado en al menos 20 aplicaciones distintas de patrocinadores en más de 3 mil 200 ocasiones”; códigos postales inexistentes, más de 460 códigos postales falsos se utilizaron en solicitudes, afectando a 2 mil 800 beneficiarios.
Patrones de tráfico humano: En un caso, 21 aplicaciones provinieron de la misma dirección IP, patrocinando a 18 mujeres, seis de las cuales eran menores de edad. En términos de seguridad nacional, el informe destaca la falta de medidas efectivas para prevenir actividades criminales y el fraude.
El programa fue suspendido a inicios de agosto, pero lo reactivó apenas tres semanas después, lo que suscitó nuevas críticas. Además, el documento señala que las aprobaciones han permitido la participación de patrocinadores temporales como beneficiarios de DACA, TPS y otros programas de parole.
El informe no solo apunta a los problemas legales y de seguridad, sino también a los impactos en las comunidades estadounidenses.
Según sus conclusiones, la llegada masiva de beneficiarios del programa ha afectado también negativamente la economía y la seguridad pública en Estados Unidos.
“El programa humanitario parece diseñado para enmascarar la crisis fronteriza”, señala el informe destacando que el flujo migratorio ha alcanzado cifras históricas, con más de 7, 7 millones de encuentros con inmigrantes irregulares desde enero de 2021. Hasta septiembre de 2024, los datos oficiales muestran:
Cubanos aprobados para viajar: 110,980 (de los cuales 110,240 ya habían ingresado al país).
Venezolanos beneficiados: 117,000; haitianos: 211,000; nicaragüenses: más de 93,000.
Permisos laborales otorgados: 405 mil de los 531 mil beneficiarios.
El parole humanitario está herido de muerte pues el presidente electo Donald Trump ha prometido eliminar ese programa y otros mecanismos similares, como CBP One, en sus primeros 100 días de mandato. Según informes, la nueva administración planea construir o ampliar centros de detención para gestionar la migración irregular antes de proceder con deportaciones masivas.
El informe del Congreso concluye con un llamado a la acción, instando a reformar las leyes migratorias y frenar las políticas que consideran “radicales”. Subraya, además, la necesidad de restaurar el cumplimiento de las leyes para proteger tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los migrantes vulnerables.
El debate sobre la implementación del programa parole y sus efectos continúa generando polémica, especialmente en el contexto de las promesas de un enfoque más estricto en política migratoria bajo la nueva administración. La reactivación del programa, a pesar de sus fallas documentadas, resalta la complejidad de gestionar los flujos migratorios en medio de desafíos políticos, sociales y de seguridad.
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