En un operativo que ha sido calificado como insólito y polémico, agentes de inmigración en Los Ángeles utilizaron un camión de mudanza alquilado para realizar una redada sorpresa contra trabajadores indocumentados que ofrecían sus servicios en el estacionamiento de un Home Depot, cerca del barrio Westlake. La acción, denominada por los oficiales como “Operación Caballo de Troya”, terminó con al menos 16 personas detenidas.
El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando un vehículo de alquiler de la empresa Penske, conducido por un agente encubierto, se acercó al grupo de trabajadores hispanos, algunos de los cuales fueron engañados con la promesa de empleo. Según testigos, el conductor habló en español solicitando ayuda para una mudanza. Cuando varios se acercaron al vehículo, agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza saltaron desde la parte trasera del camión y comenzaron a arrestar personas.
La redada fue captada en video por un reportero de la cadena Fox, que acompañaba a los oficiales durante la operación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la acción diciendo que estaba enfocada en detener a sospechosos vinculados a la pandilla MS-13, aunque no se ha confirmado públicamente si alguno de los detenidos pertenece a ese grupo.
Por su parte, la empresa Penske negó haber tenido conocimiento de que su vehículo sería usado para este tipo de operativo, aclarando que sus unidades son alquiladas bajo contratos estándar sin intervención sobre el uso posterior.
El operativo ha generado fuerte rechazo de activistas, defensores de derechos humanos y funcionarios locales. El consulado de México en Los Ángeles intervino de inmediato para ofrecer apoyo legal y consular a los ciudadanos mexicanos posiblemente afectados. Carlos González Gutiérrez, cónsul general en esa ciudad, confirmó que personal consular se trasladó al centro de detención de ICE para brindar asistencia a los arrestados.
Cabe destacar que la redada ocurre pocos días después de que un tribunal federal de apelaciones ratificara una orden judicial que prohíbe a las autoridades migratorias realizar arrestos basados únicamente en características como idioma, acento, origen étnico o tipo de trabajo, al menos en siete condados del sur de California.
A pesar de ese fallo, el fiscal federal interino, Bill Essayli, fue enfático en defender la acción y declaró que “la aplicación de la ley federal no es negociable”. Las declaraciones han desatado preocupación entre organizaciones que consideran que se está violando el fallo judicial y que este tipo de tácticas ponen en riesgo la confianza en las instituciones.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe detallado sobre los mexicanos detenidos en esta y otras redadas recientes. También pidió a los nuevos cónsules mexicanos en Estados Unidos estar alertas ante el uso de tácticas encubiertas como esta.
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