El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) ha anunciado la imposición de precios máximos para el acopio y la venta minorista del arroz y el frijol común (negro, rojo y blanco) de producción nacional. La medida, establecida mediante el Acuerdo 10093 del 5 de marzo de 2025 y publicada en la Gaceta Oficial No. 7 (extraordinaria) el 7 de marzo de 2025, busca contener el alza de la inflación y garantizar el acceso a productos básicos.
Según la nota oficial, la regulación responde al incremento sostenido de los precios en los últimos años, atribuido a factores como la crisis global y la inflación interna. En un contexto donde el costo de los alimentos continúa en ascenso, el gobierno ha optado por ampliar el control de precios, sumando el arroz y los frijoles a la lista de productos regulados desde julio de 2024, que incluía pollo, leche en polvo, pastas, aceites comestibles (excepto de oliva), salchichas y detergente en polvo.
El MFP argumenta que esta política se basa en un análisis de costos de producción y márgenes de ganancia, asegurando que los productores y comercializadores puedan operar bajo una norma de utilidad del 30%. Además, recalca el papel de los gobiernos locales en la concertación de precios, promoviendo la participación de actores económicos en el desarrollo municipal.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el control de precios, lejos de solucionar los problemas de inflación y escasez, tiende a generar distorsiones en el mercado. En otras ocasiones, estas regulaciones han derivado en menor producción, desvío de productos hacia el mercado informal y un incremento del desabastecimiento.
El control de precios no resuelve el problema estructural de la economía cubana: la baja productividad agrícola y la falta de incentivos para los productores. En un sistema donde los costos de insumos y logística siguen aumentando, imponer precios máximos puede desalentar la producción y agravar la escasez.
En lugar de limitar los precios de venta, sería más efectivo implementar políticas que impulsen la producción nacional, faciliten el acceso a insumos y fomenten la competencia en el sector agrícola. Mientras no se creen condiciones reales para un aumento de la oferta, el control de precios seguirá siendo un paliativo temporal que, a largo plazo, traerá más problemas que soluciones.
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