La Junta de Educación de Florida aprobó nuevas regulaciones que impedirán el acceso de inmigrantes indocumentados a los colegios públicos estatales y a los programas educativos para adultos que conducen a la obtención del certificado de Desarrollo Educativo General (GED), reforzando así la política migratoria impulsada por el estado.
Las disposiciones establecen que las juntas directivas de los 28 colegios públicos deberán verificar que todos los estudiantes admitidos sean ciudadanos estadounidenses o se encuentren legalmente en el país. Asimismo, los inmigrantes sin estatus migratorio regular ya no podrán matricularse en programas de educación general para adultos impartidos en escuelas secundarias y colegios estatales.
Estos programas permiten a personas que no completaron la educación secundaria prepararse para presentar el examen GED, cuyo certificado tiene la equivalencia de un diploma de escuela secundaria.
De acuerdo con información divulgada por Telemundo 49, la medida fue aprobada por la Junta de Educación con un solo voto en contra. El comisionado Daniel Foganholi fue el único integrante del organismo que rechazó las nuevas normas.
Las modificaciones habían sido propuestas inicialmente en abril, pero su aprobación fue aplazada antes de ser sometidas nuevamente a votación. Según las autoridades educativas, los cambios buscan adecuar los requisitos de admisión a la legislación vigente en Florida.
Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos entre legisladores y organizaciones que consideran que la normativa va más allá de lo establecido por la ley estatal. Durante el proceso de consulta pública, la representante estatal Anna Eskamani criticó la iniciativa al señalar que proyectos similares no lograron avanzar durante la sesión legislativa de 2026.
Eskamani también forma parte del Comité Conjunto de Procedimientos Administrativos, que solicitó explicaciones al Departamento de Educación sobre la base legal utilizada para adoptar las nuevas reglas. La principal preocupación del comité radica en que los estatutos citados por las autoridades no establecen expresamente la obligación de presentar documentación migratoria como requisito para la admisión en los colegios públicos.
La legisladora demócrata sostuvo que restringir el acceso a la educación superior por el estatus migratorio de un estudiante plantea interrogantes constitucionales y contradice principios fundamentales de igualdad de oportunidades.
En los últimos años, legisladores republicanos han impulsado diversas iniciativas para limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a las instituciones públicas de educación superior en Florida. Aunque varias de esas propuestas no prosperaron en el Legislativo, la aprobación de estas nuevas normas representa un nuevo paso en la política estatal para endurecer los requisitos de acceso al sistema educativo público.
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