Bruno Rodríguez durante una rueda de prensa en La Habana. EFE/ Ernesto Mastrascusa
El régimen cubano pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas la celebración de una sesión especial el próximo 7 de julio con el objetivo de denunciar el embargo impuesto por Estados Unidos y reclamar un mayor respaldo internacional frente a las sanciones que, según La Habana, agravan la crisis que atraviesa la isla.
El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien explicó que la reunión fue solicitada por el propio Gobierno cubano para debatir el tema titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba".
De acuerdo con información de la agencia EFE, el canciller afirmó que durante la sesión La Habana denunciará lo que considera una política de "agresión multidimensional" por parte de Washington y pondrá especial énfasis en las restricciones que afectan el suministro de combustibles y el sector energético.
Rodríguez sostuvo que las sanciones estadounidenses han provocado un deterioro de las condiciones económicas del país y aseguró que representan una amenaza para la estabilidad regional. Asimismo, insistió en que Cuba no constituye un peligro para Estados Unidos y responsabilizó al embargo por las dificultades que enfrenta la población.
El Gobierno cubano expresó además su confianza en que la mayoría de los Estados miembros de la ONU respaldarán nuevamente su posición, como ha ocurrido en anteriores votaciones sobre resoluciones que solicitan el levantamiento del embargo.
El canciller también acusó a Estados Unidos de intentar influir sobre otros países para reducir el apoyo a Cuba dentro de las Naciones Unidas y afirmó que Washington recurre a mecanismos de presión para obstaculizar las iniciativas promovidas por La Habana en el organismo internacional.
La sesión extraordinaria precederá a la tradicional votación anual de la resolución presentada por Cuba contra el embargo, prevista para el 27 de octubre. Aunque esa resolución ha recibido durante años un amplio respaldo de la comunidad internacional, su carácter no vinculante impide que obligue a Estados Unidos a modificar su política.
La convocatoria se produce en un contexto de profunda crisis económica y energética en la isla, marcada por prolongados apagones, escasez de combustible y dificultades para el abastecimiento de alimentos y otros productos básicos, problemas que el Gobierno atribuye principalmente a las sanciones estadounidenses, mientras diversos analistas también señalan el impacto de factores internos, como la baja productividad, la falta de inversiones y las deficiencias estructurales de la economía cubana.
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