El fiscal especial Jack Smith presentó una solicitud ante un juez federal en Washington para desestimar la acusación que señala al presidente electo Donald Trump de conspirar para subvertir las elecciones de 2020. Esta petición se basa en una política del Departamento de Justicia que considera inconstitucional procesar a un presidente en funciones, según informó The New York Times.
Smith también presentó una demanda similar ante un tribunal de apelaciones en Atlanta, con el objetivo de archivar otro caso federal contra Trump relacionado con el manejo de documentos clasificados. En este caso, el expresidente está acusado de retener ilegalmente materiales confidenciales tras dejar el cargo. No obstante, los fiscales señalaron que continuarán los procesos judiciales contra los coacusados de Trump en este asunto.
Smith destacó que la política del Departamento de Justicia es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados ni de la solidez de las pruebas.
Aunque solicitó que ambos casos se desestimen “sin perjuicio” —lo que permite reactivar los cargos una vez que Trump deje la presidencia por segunda vez—, esta decisión representa un reconocimiento de las limitaciones legales para responsabilizar a un presidente en funciones, incluso en casos de supuesta interferencia electoral y manejo indebido de documentos clasificados.
La solicitud, redactada en un documento de apenas seis páginas, pone fin de manera efectiva a años de esfuerzos del Departamento de Justicia para procesar a Trump por su papel en los intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, indicó The New York Times. De acuerdo con la agencia AP, Trump celebró la decisión en su plataforma Truth Social, calificando los casos en su contra de “vacíos e ilegales” y proclamando: “perseveré contra todo pronóstico y GANÉ”.
Los fiscales destacaron en su presentación que esta decisión no compromete el mérito de los casos, pero sí reconoce las restricciones legales que protegen a un presidente en funciones. Además, AP resaltó que el caso de los documentos clasificados, aunque sólido desde el punto de vista legal, se vio retrasado por maniobras legales y decisiones favorables a Trump, como la cancelación indefinida del juicio por parte de la jueza Aileen Cannon. En última instancia, el fiscal especial Jack Smith abandonó la apelación contra la desestimación del caso, cerrando este capítulo.
También se menciona que Trump enfrenta otros procesos legales estatales, como una condena en Nueva York por falsificación de registros comerciales, cuya sentencia está en pausa mientras su equipo legal intenta anular el veredicto.
En Georgia, está acusado junto a otros 18 coacusados de intentar revertir ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020, aunque cualquier juicio en ese caso es improbable mientras Trump esté en el cargo. Esta situación deja en claro la complejidad de responsabilizar penalmente a un presidente o expresidente en ejercicio, particularmente en un entorno político polarizado y con salvaguardas legales únicas para los mandatarios en funciones.
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