Las estafas mediante aplicaciones de mensajería y transferencias bancarias están ganando terreno en Cuba, mientras las propias autoridades reconocen las dificultades para contener un fenómeno que se extiende por diferentes territorios y adopta métodos cada vez más sofisticados.
Un caso que ilustra esta situación es el secuestro de cuentas de WhatsApp. Los delincuentes consiguen tomar el control del perfil de una persona y posteriormente utilizan su nombre, fotografía y lista de contactos para solicitar dinero mediante transferencias, aprovechándose de la confianza existente entre familiares y amigos.
La modalidad fue descrita recientemente por autoridades del Ministerio del Interior (MININT) en Sancti Spíritus como una de las principales formas de estafa apoyadas en el uso de la tecnología. Según explicaron, los casos ya afectan a varios municipios de esa provincia, entre ellos Sancti Spíritus, Trinidad, Cabaiguán y Yaguajay, aunque reconocieron que este tipo de delito ha llegado a todo el territorio provincial.
El periódico oficialista Escambray expuso el caso de una víctima que perdió el acceso a su cuenta mientras sus contactos continuaban recibiendo mensajes desde su número habitual. El supuesto propietario solicitaba una transferencia inmediata con la promesa de entregar posteriormente el efectivo.
El problema, sin embargo, no se limita a WhatsApp. En Cuba también se han reportado fraudes vinculados con Transfermóvil y falsas agencias de envíos de paquetes desde el extranjero. En esos casos, los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas o servicios legítimos para obtener información y acceder al dinero depositado en tarjetas bancarias.
La expansión de estas prácticas ocurre en un país donde las transferencias electrónicas se han convertido en una herramienta cada vez más necesaria ante la escasez de efectivo y las dificultades para realizar operaciones bancarias tradicionales.
El auge de las estafas también expone las vulnerabilidades de los usuarios. Muchos cubanos dependen de teléfonos móviles y aplicaciones para enviar o recibir dinero, pero no siempre cuentan con información suficiente para identificar intentos de fraude o mecanismos eficaces para recuperar los fondos una vez que han sido sustraídos.
La situación plantea además interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para prevenir y enfrentar un delito que evoluciona con rapidez. Aunque las autoridades reportan investigaciones y detenciones, la aparición constante de nuevas modalidades demuestra que el fenómeno continúa extendiéndose.
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