Nuevos detalles sobre el enfrentamiento que este 25 de febrero de 2026 entre una lancha rápida con matrícula de Florida y las Tropas Guardafronteras del Cuba revelan que la embarcación no pertenecía ni a la Armada ni a la Guardia Costera de Estados Unidos, sino que era una nave civil vinculada a un grupo de personas que, según fuentes estadounidenses, buscaban recoger a familiares en la isla, informó un funcionario estadounidense a The New York Times.
El incidente, que tuvo lugar en aguas territoriales cubanas cerca de Cayo Falcones, en el municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara, ha desatado una investigación oficial tanto en Estados Unidos como en Cuba, y ha aumentado la presión política en Washington para exigir explicaciones al régimen de La Habana.
La embarcación, con folio FL7726SH y registrada en Florida, fue detectada a aproximadamente una milla náutica al noreste del canalizo El Pino cuando las autoridades cubanas realizaron una aproximación para identificar a sus ocupantes. Según el Ministerio del Interior de Cuba, al acercarse las Tropas Guardafronteras la lancha habría abierto fuego contra los efectivos, hiriendo al comandante de la unidad cubana, lo que desencadenó una respuesta con fuego letal.
Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro personas a bordo de la embarcación murieron y seis resultaron heridas; estos últimos fueron evacuados y asistidos médicamente, según el comunicado oficial del régimen cubano.
Sin embargo, el análisis de The New York Times, basado en fuentes estadounidenses, indica que la nave era una embarcación civil que intentaba acercarse a la costa cubana para recoger a familiares residentes en la isla, vinculados con la comunidad cubanoamericana en Florida, un detalle que hasta ahora no ha sido confirmado por La Habana ni incluido en la nota oficial.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó la apertura de una investigación junto con autoridades federales y estatales para esclarecer las circunstancias y determinar la identidad y estatus de las víctimas, incluyendo si alguno de los fallecidos o heridos era ciudadano estadounidense o residente legal. Uthmeier aseguró que se realizará una revisión exhaustiva de los hechos y que «no se puede confiar en el Gobierno cubano» para ofrecer una versión completa de lo sucedido.
Legisladores de origen cubano en Estados Unidos han pedido respuestas claras del Gobierno de Cuba y del Departamento de Estado. El congresista Carlos A. Giménez, nacido en la isla, calificó el incidente como una tragedia que exige una investigación urgente y señaló que el régimen cubano debe rendir cuentas por el uso de fuerza letal contra civiles.
El episodio se produce en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y La Habana, exacerbadas por medidas energéticas y sanciones que han complicado aún más las ya frágiles relaciones bilaterales. Con procesos de investigación en marcha en ambos países, la comunidad internacional sigue de cerca el esclarecimiento de los hechos y la identidad de las personas implicadas en este tiroteo en alta mar.
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