El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a implementar una política migratoria altamente controversial: deportar a migrantes cubanos, venezolanos y de otras nacionalidades hacia países africanos como Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini.
Esta estrategia desata una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, expertos legales y usuarios en redes sociales, quienes denuncian una violación sistemática al debido proceso y a tratados internacionales como la Convención contra la Tortura.
Según reveló CNN en Español, Ruanda se convirtió recientemente en el tercer país africano en aceptar migrantes deportados desde EE.UU., tras un acuerdo alcanzado con la administración Trump. La vocera del gobierno ruandés, Yolande Makolo, confirmó que hasta 250 personas podrán ser reasentadas en su territorio, y que cada caso será evaluado individualmente.
Una vez admitidos, los migrantes recibirán apoyo en salud, vivienda y capacitación laboral. Sin embargo, el trasfondo de este acuerdo genera dudas y cuestionamientos, sobre todo en relación con su transparencia y las condiciones reales de los deportados.
“Los migrantes no tienen acceso a defensa legal, y sin vínculos familiares en esos países, quedan completamente desprotegidos”, advirtió la abogada de inmigración Elizabeth Amarán en una entrevista con Juan Manuel Cao.
Amarán explicó que esta estrategia busca evadir la aplicación de la Convención contra la Tortura, enviando a los migrantes a países donde no pueden alegar persecución directa ni riesgo de tortura con base en lazos familiares o comunitarios. En otras palabras, son deportados a lugares donde sus derechos básicos quedan prácticamente anulados.
La elección de países africanos —algunos con gobiernos autoritarios y débiles sistemas judiciales— genera preocupación internacional. Sudán del Sur y Esuatini, antiguos receptores de deportados, fueron calificados por un vocero del Departamento de Seguridad Nacional como países adecuados para enviar a “criminales bárbaros”, una expresión que ha sido denunciada como deshumanizante y discriminatoria.
En redes sociales, muchos usuarios ironizaron o se indignaron ante estas políticas, mientras otros expresaron su desconcierto: “¿Por qué no los mandan a sus países de origen?”, preguntó un internauta, mientras otro denunció: “Se toma a las personas como objetos que se colocan donde conviene políticamente.”
“Es un negocio opaco que involucra a varios actores y que carece de la transparencia que deberían tener los acuerdos internacionales de deportación”, señaló Amarán, apuntando a la posible existencia de compensaciones económicas entre EE.UU., Cuba y los países africanos implicados.
Según sus declaraciones, incluso Cuba podría estar colaborando indirectamente en estos traslados, recibiendo beneficios por permitir que sus ciudadanos sean expulsados hacia terceros países en lugar de ser retornados directamente.
La situación se agrava por la falta de protocolos claros, el desconocimiento de los derechos por parte de los migrantes afectados y la nula posibilidad de apelar desde el extranjero. En un caso reciente, un cubano logró ser devuelto a EE.UU. desde Cuba gracias a una apelación urgente que invocaba la Convención contra la Tortura, pero estos son casos excepcionales.
Amarán concluyó con una advertencia: “Estamos hablando de seres humanos que enfrentan tortura y persecución sin la posibilidad de ser defendidos. Esta política destruye vidas y viola principios fundamentales del derecho internacional.”
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