El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, prohibiéndoles la entrada al país debido a su implicación en actos de corrupción durante sus respectivos mandatos. Esta medida también afecta a los familiares más cercanos de ambos exfuncionarios.
Según un comunicado del Departamento de Estado, la sanción responde a la participación de Correa y Glas en un esquema de sobornos que incluía la aceptación de dinero y contribuciones políticas a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Estos hechos llevaron a que ambos fueran condenados en Ecuador, con sentencias que aún pesan sobre ellos.
Correa, quien fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, fue condenado a ocho años de prisión en 2020 como autor mediato de cohecho agravado en el caso conocido como "Sobornos 2012-2016". La investigación reveló que durante su administración, contratistas del Estado realizaron aportes irregulares que beneficiaron al partido oficialista. A pesar de la sentencia, Correa reside en Bélgica, país al que se trasladó antes de su condena y donde ha buscado refugio. Debido a que el delito de cohecho no prescribe, su regreso a Ecuador significaría un arresto inmediato.
Por su parte, Jorge Glas, quien fue vicepresidente bajo el gobierno de Correa, también recibió una condena de ocho años en el mismo caso de sobornos, además de una sentencia anterior de seis años por asociación ilícita en relación con los sobornos pagados por Odebrecht. En este caso, Glas recibió USD 13,5 millones a cambio de adjudicar contratos durante su gestión. Asimismo, Glas ha enfrentado cargos adicionales por malversación de fondos y se encuentra actualmente detenido en una cárcel de máxima seguridad en Ecuador.
El Departamento de Estado no solo sancionó a Correa y Glas, sino también a sus familias. Entre los afectados están la esposa de Correa, Anne Malherbe Gosselin, y sus hijos mayores, así como la esposa de Glas, Cinthia Diaz Aveiga, y su hijo mayor. Ninguno de ellos podrá ingresar a territorio estadounidense.
La decisión de Estados Unidos forma parte de su apoyo a los esfuerzos del gobierno de Ecuador para promover la transparencia y combatir la corrupción en todos los niveles. En su comunicado, el gobierno estadounidense resaltó el papel crucial de la sociedad civil, los periodistas y las fuerzas del orden ecuatorianas en esta lucha contra la corrupción.
Con estas sanciones, Estados Unidos reafirma su compromiso global en la lucha contra la corrupción, especialmente en los niveles más altos de poder, y subraya la importancia de la cooperación internacional para enfrentar este tipo de delitos.
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