Estados Unidos deportó este miércoles a 89 ciudadanos cubanos en un nuevo vuelo de repatriación hacia La Habana, convirtiéndose en la sexta operación de este tipo bajo el actual mandato de Donald Trump.
Entre los retornados se cuentan 76 hombres, 12 mujeres y un menor de edad, según confirmó el Ministerio del Interior de Cuba. La operación se suma a una serie de vuelos realizados en lo que va de año, elevando a 676 el total de personas repatriadas desde distintos países del continente, principalmente desde EE.UU.
Esta acción se enmarca dentro de la política migratoria endurecida por el gobierno de Trump, que ha relanzado una agenda de deportaciones masivas y suspendido los canales de diálogo con el gobierno cubano. La interrupción de las conversaciones migratorias, ocurrida en abril, ha tensado las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, en un contexto regional donde la migración forzada continúa al alza.
"La deportación de estos 89 cubanos es parte de un patrón más amplio que responde no solo a una política antiinmigrante, sino también a un cálculo geopolítico donde los migrantes se convierten en peones en medio del pulso entre dos gobiernos enfrentados."
Esta estrategia ha coincidido con el fallo de la Corte Suprema que autorizó la revocación del programa de parole humanitario (CHNV), lo cual ha generado pánico e incertidumbre entre los miles de cubanos que se acogieron a ese mecanismo desde 2022.
Actualmente, más de 42,000 cubanos se encuentran en EE.UU. bajo orden final de deportación y en libertad supervisada. Muchos han sido internados en centros de detención en Luisiana y Nuevo México, mientras otros enfrentan una espera indefinida, ante la negativa cubana de aceptar a repatriados con antecedentes penales o fuera del país desde antes de 2017.
"El regreso forzoso a la Isla no solo significa una ruptura del proyecto migratorio, sino el retorno a un país golpeado por la pobreza, la vigilancia estatal y el desempleo estructural. Para muchos, representa el fin del sueño americano y el reinicio de una pesadilla personal."
Los deportados pueden ser objeto de interrogatorios, sanciones administrativas o incluso procesos penales, especialmente si su salida se produjo en condición de libertad condicional.
Pese a que las deportaciones se justifican bajo acuerdos bilaterales que promueven una migración “regular, segura y ordenada”, la práctica revela profundas fisuras en la política migratoria de ambos países. La suspensión de los mecanismos de diálogo y la instrumentalización de los migrantes en el juego político internacional no hacen sino agravar la crisis humanitaria y erosionar aún más los derechos de los ciudadanos cubanos en el exilio.
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