Estados Unidos intensificó este fin de semana su presión diplomática sobre el gobierno de Nicaragua, exigiendo al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo la liberación “incondicional” de todos los presos políticos en el país centroamericano, según un comunicado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
La exigencia llega tras la excarcelación, la semana pasada, de al menos 24 disidentes y críticos del régimen sandinista en un gesto anunciado por Managua en el marco del aniversario de los 19 años de Ortega en el poder. Sin embargo, Washington consideró insuficiente esa medida y pidió que se libere a todos los presos políticos sin excepciones, sin recurrir a arresto domiciliario ni nuevas detenciones.
En su pronunciamiento oficial, divulgado en la plataforma X y replicado por la embajada estadounidense en Managua, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental afirmó que “libertad significa poner fin al ciclo de represión del régimen”, en alusión al uso continuado de la detención como herramienta de control político.
La exigencia de Washington se produce en medio de una ola de detenciones que, según organizaciones de derechos humanos, han afectado a al menos 60 nicaragüenses. Muchos de estos arrestos se han registrado después de que ciudadanos expresaran apoyo en redes sociales a la captura del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, lo que el gobierno de Managua considera una provocación.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental calificó como una muestra de “paranoia” que personas hayan sido detenidas por acciones tan simples como dar “me gusta” o compartir publicaciones en línea sobre el caso de Maduro, aliado político de Ortega y Murillo.
El Monitoreo Azul y Blanco, una organización que documenta violaciones de derechos humanos en Nicaragua, reportó que las detenciones arbitrarias ocurrieron en varios departamentos del país y que al menos 49 personas permanecen detenidas sin información clara sobre su situación legal, mientras otras han sido liberadas o retenidas temporalmente.
La presión de Estados Unidos se da en un contexto de tensiones regionales que se han intensificado con los recientes acontecimientos en Venezuela, incluyendo la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.
Aunque el gobierno de Ortega liberó a algunas personas bajo el llamado “beneficio legal de convivencia familiar”, grupos de derechos humanos han señalado que estas liberaciones están condicionadas por restricciones severas. Los excarcelados deben presentarse diariamente ante la policía y enfrentan limitaciones en su movilidad y libertad de expresión, lo que, según críticas, equivale a una “muerte civil”.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición han denunciado que la represión política y la criminalización de la disidencia, incluso en espacios digitales, forman parte de una estrategia más amplia del régimen para silenciar voces críticas y consolidar su control político.
La comunidad internacional, incluida la Unión Europea, ha mantenido sanciones contra funcionarios nicaragüenses por violaciones a los derechos humanos y ha pedido en repetidas ocasiones la liberación de los presos políticos, aunque hasta ahora sin resultados definitivos.
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